Ministro sobre Senkata: Legislativo no definirá el tipo de juicio para Áñez, sino un juez

El ministro de Justicia, Iván Lima, informó que un juez de Instrucción Cautelar de El Alto definirá si la expresidenta Jeanine Áñez será juzgada en la vía ordinaria o en un juicio de responsabilidades por las muertes en Senkata.

El caso se encuentra en la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero a su vez la Fiscalía alteña amplió el proceso contra la exmandataria por los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves y leves.

Lima informó que la víctimas de Senkata presentaron una solicitud al Ministerio Público para que la exmandataria sea juzgada por la vía ordinaria; en consecuencia, como abogado de los afectados se solicitó al juez Primero de Instrucción en lo Cautelar de El Alto que defina esa situación jurídica, es decir, si Áñez es juzgada por un juicio ordinario o un juicio de responsabilidades.

“El día de hoy nos ha contestado (el juez) señalando una audiencia para este martes 24, va haber una audiencia en la cual se va a definir todos estos aspectos. Hemos planteado lo que se conoce en derecho como inhibitoria, le hemos pedido a la justicia boliviana que defina si Añez debe ser juzgada por las masacres de Senkata en la vía ordinaria o en la Asamblea Legislativa”, indicó el Ministro.

Además, acusó al Gobernador de Santa Cruz y jefe de Creemos, Luis Fernando Camacho y al líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, de bloquear de manera sistemática el juicio de responsabilidades contra Áñez en la Asamblea Legislativa.

La Fiscalía General del Estado (FGE) presentó el año pasado a la ALP una proposición acusatoria por las masacres de Sacaba y Senkata, y esta instancia legislativa debe autorizar o no el enjuiciamiento de la exautoridad.

Apunta contra la oposición

“Ante la impostura y la actitud hipócrita de Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho diciendo a los medios que se iba a dar dos tercios para una autorización congresal, cosa que no han hecho en todo este tiempo y que han ido bloqueando sistemáticamente no nos quedaba otra decisión que buscar justicia para las víctimas. Hemos acudido a la justicia constitucional a la justicia ordinaria”, manifestó la autoridad.

La aprobación de un juicio de responsabilidades requiere dos tercios del pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, votos con los que no cuenta el partido gobernante. El ministro Lima en 2021 ya había anticipado que los procesos por la vía ordinaria se justificaban ante la inexistencia de los dos tercios en el Legislativo.

“Hay que armar un caso”

“Porque no tenemos dos tercios en la Asamblea y hay que armar un caso y no se puede ir con una acusación tan grave el primer día”, respondió Lima en marzo de 2021, al ser consultado por María Galindo sobre por qué no se inició un juicio de responsabilidades contra Áñez y sus exministros.

En noviembre de 2019, en la zona de Senkata de El Alto, las Fuerzas Armadas y la Policía intervinieron un cerco vecinal a la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), ocasionando la muerte de al menos 10 personas y decenas de heridos, por lo que el actual Gobierno responsabiliza a la exmandataria.

“La actitud nuestra es llevar este caso a los tribunales y discutir nuestros argumentos ante un juez, en este caso el juez primero de Instrucción de El Alto al cual hemos llevado el caso, una vez que se decida puede ser apelada ante los tribunales de justicia como ocurrió en el caso EBA e inclusive puede ir al Tribunal Constitucional”, sostuvo la autoridad.

Defensa de Áñez denuncia ilegalidad

El abogado de Áñez, Luis Guillen, afirmó que, al llevar la audiencia para este martes 24 de enero, se estaría cometiendo una ilegalidad, debido a que es la Asamblea Legislativa quien tiene que decidir el destino de la exmandataria.

“Por el momento, seria completamente ilegal porque existe una proposición acusatoria y un juicio de responsabilidades que efectivamente está siendo tramitado, más bien no ha sido tratado en la Asamblea Legislativa y el mismo ya tiene un trámite y al tener un trámite en efecto ya está en curso, entonces no puede pretender abrir dos procesos al mismo tiempo”, explicó.

Anunció que se reunirán con la exmandataria y respetarán las decisiones que tome ella; sin embargo, aseguró que su defendida manifestó que no va a reconocer a ningún tribunal ni a ningún juez que no sea competente para llevar su caso.

“Estamos hablando de un juez incompetente no tendría esta competencia porque la Constitución Política del Estado (CPE) establece de forma clara y precisa de que los exmandatarios de Estado deben de ser juzgados por un juicio de responsabilidades, así lo establece”.

Recordó que un juez competente es el Tribunal Supremo de Justicia y según lo establecido en la Constitución Política de Estado (CPE) y la ley 044 señala un juicio de responsabilidades.