La Fiscalía debía presentar el 28 de enero la acusación formal contra el gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, por las irregularidades en la compra de 41 ambulancia, pero solicitó un plazo que puede prolongarse por más de seis meses. El caso estalló a inicios de 2022.
Las juristas Magaly Castro y Gabriela Quintana López, quienes forman parte de la comisión de fiscales que investiga este caso desde hace más de un año, solicitaron al juez de la causa la ampliación de las investigaciones contra Ricardo R.S. y, de ese modo, postergar la acusación. “Es, aparentemente un funcionario de la Gobernación, pero su nombre no figura en ningún obrado anterior y se ve una intención de dilatar el tema para que nos cansemos, para que la gente se canse y olvide del caso”, afirmó el asambleísta Jaime Flores.
Este caso se activó tras revelarse la compra de 41 ambulancias, una para cada municipio de Potosí, a proveedores del “mercado gris”. El Deber
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