CIDH cierra visita a Bolivia tras reunión con víctimas

La delegación de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) cerró ayer, jueves, su vista a Bolivia, tras reunirse con los familiares de los fallecidos y víctimas de las masacres de Senkata, El Alto, y Sacaba, Cochabamba, donde más de una veintena de personas perdieron la vida durante la crisis política de 2019.

La audiencia fue dirigida por el comisionado relator, Joel Hernández, y la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum Panszi, en un hotel de la ciudad de La Paz, en el marco de la visita que inició la misión el martes para evaluar los avances en la implementación de las 36 recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre los hechos de 2019.

Los asistentes destacaron los avances logrados, no obstante, también pidieron que se agilicen la ley de reparación integral y también el censo de las víctimas.

Con la reunión con las víctimas de las masacres, la CIDH concluyó su estadía iniciada el martes con audiencias concedidas a autoridades del Gobierno nacional, mientras que el miércoles continuó en Sucre, donde visitó a la autoridades de la Fiscalía General del Estado y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

En tanto que ayer, jueves, la delegación recibió a varios actores políticos, entre ellos legisladores de Creemos y de Comunidad Ciudadana, al expresidente Carlos Mesa, y a los integrantes de la “Asociación de Exautoridades Electorales Víctimas de la Persecución Política tras las Elecciones 2019” para conocer su valoración de la implementación de las recomendaciones del GIEI.

Como resultado de la visita, en el ejercicio de sus funciones, la CIDH publicará un informe sobre el estado de avance en el cumplimiento de las recomendaciones.

PERSECUCIÓN

El líder de CC, Carlos Mesa denunció que la persecución política por el Órgano Judicial, el Ministerio Público y la Policía se han convertido en una “moneda corriente”.

CC pide a la CIDH revisar el delito de terrorismo

El expresidente Carlos Mesa informó que, en la reunión con la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Comunidad Ciudadana (CC) pidió que se revise el delito de terrorismo porque está siendo utilizado para perseguir a políticos de oposición en Bolivia.

“La persecución política-judicial, a través del Órgano Judicial, el Ministerio Público y la Policía Boliviana se ha convertido en una moneda corriente. Nosotros hemos establecido claramente con el diputado Carlos Alarcón, especialista en derecho constitucional, que tiene que revisarse la tipificación del delito de terrorismo, que no incluye los elementos claves que son los que caracterizan al terrorismo y en consecuencia da lugar a persecuciones que han llevado a la cárcel a Jeanine Añez, a Marco Antonio Pumari, al gobernador (Fernando) Camacho”, dijo Mesa tras su reunión con la misión de la CIDH.

El exmandatario también dijo que presentaron un documento de análisis sobre cada uno de los puntos que debería de haber cumplido el Gobierno desde que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dejó su informe; sin embargo, observó una degradación de la justicia en la actualidad, mucho peor desde que se asumieron los compromisos.

El TSJ destaca visita de delegados

El 90 por ciento de las recomendaciones del GIEI sobre los hechos de violencia durante la crisis política de 2019 en Bolivia, no está dentro de las competencias del Órgano Judicial y menos del TSJ, aseguró ayer, jueves, el titular del alto tribunal judicial, Ricardo Torres, un día después de la visita del alto comisionado de la CIDH a las autoridades judiciales. 

La autoridad dijo que con los miembros de esta organización internacional intercambiaron criterios sobre las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) en temas relacionados con el Órgano Judicial. 

“Gran parte, yo diría en un 90 por ciento no está dentro de las competencias que tiene que ejercer el Órgano Judicial y mucho menos el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sino que toca a otros órganos del Estado cumplir con esas recomendaciones”, sostuvo Torres.

En relación a las competencias del Órgano Judicial dijo que informaron sobre los avances en el fortalecimiento de la Escuela de Jueces del Estado (EJE) que en agosto promocionará alrededor de 170 abogados como nuevos jueces que serán incorporados a la carrera judicial, y sobre la creación de juzgados en varias materias.

“Se ha mostrado los avances que realizamos como Órgano Judicial y particularmente como TSJ, incluso estos convenios que permiten la creación de un Observatorio Defensorial dirigido a precautelar derechos de sectores vulnerables, parte de la recomendación de la GIEI”, sostuvo.

CORREO DEL SUR conoció de fuentes confiables que los comisionados de la CIDH solicitaron a los magistrados el cumplimiento específicamente de los puntos 5 y 9 de las recomendaciones del GIEI.

Conalab siente “vergüenza” por Amaru

El presidente del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia (Conalab), Julio Egüez, se pronunció respecto al juez Marco Amaru que se declaró competente para procesar a la expresidenta Jeanine Áñez en la vía ordinaria por la masacre de Senkata.

“Uno siente a veces vergüenza ajena”, dijo Egüez y anunció que procesará en la vía ética a esta autoridad judicial por vulnerar la Constitución Política del Estado.

Amaru causó polémica porque decidió que el proceso contra Áñez debe realizarse en la vía ordinaria, cuando los supuestos delitos fueron cometidos en el ejercicio del cargo de presidenta, por lo cual correspondería un juicio de responsabilidades.

Ante los micrófonos de Erbol, el Presidente del Conalab consideró que el juez Amaru se arrogó las atribuciones de la Asamblea Legislativa, la Fiscalía General del Estado y hasta del TSJ, que según la norma, tramitan un proceso de juicio de responsabilidades.

Recordó que la Constitución prevé que el juzgamiento de un Presidente por delitos cometidos en el ejercicio del cargo se realiza en el TSJ, previa autorización de dos tercios de la Asamblea Legislativa a requerimiento de la Fiscalía General.

En el caso de Añez, incluso ya tenía una proposición acusatoria de parte de la Fiscalía General y el trámite de juicio de responsabilidades se encuentra en el Legislativo, donde no se trata desde 2021. A pesar de ello, el juez Amaru decidió que el TSJ se inhiba de conocer el caso y le remita los antecedentes. 

El Presidente del Conalab dijo que el juez Amaru hace quedar mal no solo a los abogados, sino también a su universidad y profesores. “Este no puede ser abogado, este no puede estar administrando justicia en nuestro país”, agregó.