Una ola de repudio se produjo en la oposición por la instalación de una cámara oculta en la celda del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en el penal de Chonchocoro. Atribuyen el hecho al Ministerio de Gobierno.
El pasado jueves, Camacho y su esposa denunciaron que en la celda donde se encuentran había sido colocada una cámara. Sus abogados mostraron el pequeño aparato que presuntamente estaba incrustado en una de las paredes del lugar.
Sin embargo, el director de Régimen Penitenciario negó que se hubiera instalado el artefacto y amenazó con investigar a quienes supuestamente hubieran ingresado la cámara para “armar esta tramoya”.
El hecho generó una ola de críticas y repudio. El expresidente y líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, expresó su “indignación por esta acción vergonzosa de espionaje, propia de dictaduras y organizaciones ilegales. Un nuevo ejemplo del envilecimiento político y el desprecio por los DDHH que muestra el Gobierno y su partido”.
“Ha sido descubierta una nueva forma de abuso y de tortura sofisticada contra los presos políticos: Violar su intimidad. Ni se avergüenzan de espiar en Chonchocoro al gobernador Camacho secuestrado y a su esposa. ¿Qué sigue? ¿Ponernos un chip al estilo Mengele o picana eléctrica?”, cuestionó la exmandataria Jeanine Áñez, detenida en el penal de Miraflores.
Las mujeres asambleístas de las bancadas de Creemos y Comunidad Ciudadana expresaron su “total rechazo” e indignación de dicha cámara de espionaje en la celda del Gobernador cruceño.
Señalaron que este acto además viola los derechos de la esposa del gobernador Fátima Jordán, quien en distintas ocasiones se quedó a pernoctar acompañando la situación de salud de su pareja.
Exigieron a la Fiscalía General del Estado que inicie de manera inmediata las investigaciones contra el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo; el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, y el director de régimen de Chonchocoro.
Asimismo, pidieron al defensor del Pueblo cumplir con su misión en velar por la vigencia de los derechos humanos de un detenido preventivo, en este caso Camacho.
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