Mesa denuncia intervención del Gobierno para allanar proceso privado en su contra

El expresidente y líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, volvió a acusar al Gobierno nacional de estar detrás de la denuncia en su contra y del jefe de bancada de CC, Carlos Alarcón, impulsada por uno de los implicados en el caso Quiborax.

La pasada semana, el exmandatario denunció “persecución política” por una demanda penal por injurias, difamación y calumnias presentada por David Moscoso, exsocio de la empresa Quiborax.

Mesa cuestionó esta denuncia, debido a que el mismo Moscoso se declaró culpable de falsificación en un proceso abreviado; sin embargo, indicó que el juicio fue anulado después, en septiembre de 2021, por el Tribunal Supremo Justicia (TSJ) y lo declaró inocente.

Ahora, el expresidente advirtió que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) “garantizará” la impunidad de Moscoso, a partir de una acción de amparo constitucional presentada por la Autoridad de Fiscalización de Empresas en contra de la anulación de la sentencia a Moscoso.

Con este recurso, el líder opositor considera que el Gobierno, a través de la Autoridad de Fiscalización de Empresas, busca cerrar “un cabo suelto” porque el “objetivo general” es que el TCP ratifique la decisión del TSJ y “dar vía libre al juicio privado por injuria, difamación y calumnias”.

“Lo que estamos a punto de vivir ahora es la consumación de la impunidad de Moscoso, de quienes tienen responsabilidad en el gobierno de Evo Morales y la viabilidad del juicio y espuria en nuestra contra”, señaló Mesa.

El jefe de bancada de CC, Carlos Alarcón, denunciado en el mismo caso, apuntó que la audiencia de amparo constitucional sería programada para este viernes en La Paz.

El caso Quiborax involucra a Mesa, debido a que en 2004, cuando era presidente del país, retiró las concesiones mineras de la empresa Quiborax, que decidió demandar al Estado boliviano ante un Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que determinó el pago de 42,6 millones de dólares del Estado boliviano a la empresa.

Según Mesa, David Moscoso, que ahora lo denuncia por difamación, falsificó documentos de la empresa Non Metallic Minerals para llevar al Estado boliviano a este laudo arbitral por el caso Quiborax.