Admiten denuncia contra Áñez por presunto daño económico de Bs 53 millones

Una nueva denuncia contra la expresidenta Jeanine Áñez y su gabinete de ministros fue admitida por el Ministerio Público. La exmandataria y sus excolaboradores son acusados del delito de conducta antieconómica por la venta de combustible para uso de aviones.

Según la denuncia, el gobierno de Áñez ocasionó un daño económico al Estado por la venta de Jet Fuel A-I, autorizada por el Decreto Supremo (DS) Nº 4272, del 23 de junio de 2020, a Bs 53.990.081,6, un costo menor al establecido en el DS 28932, del 20 de noviembre de 2006.

Un documento divulgado por DTV señala que “los exservidores públicos, cuando se hallaban en el ejercicio de cargos públicos jerárquicos de gran responsabilidad emitieron el Decreto Supremo 4272 de 23/06/2020 cuya elección conllevó una mala administración de un recurso estatal tal como es el Jet Fuel A-I que fue comercializado a un precio menor al establecido en el Decreto Supremo N° 28932 de 20/11/2006”.

Con esa acción, agrega la denuncia, se causó “un grave daño al patrimonio del Estado valuado en aproximadamente Bs 53.990.081,60.- (Cincuenta y Tres millones novecientos noventa mil ochenta y uno 60/100 Bolivianos) por la comercialización de 13.772.980 litros de Jet Fuel A- I a Bs 2,77 el litro”.

La denuncia está dirigida en contra de Áñez y sus exministros Karen Longaric Rodríguez (Relaciones Exteriores), Yerko M. Núñez Negrette (Presidencia), Arturo Carlos Murillo Prijic (Gobierno), Luis Fernando López Julio (Defensa), Carlos Melchor Díaz Villavicencio (Planificación) y José Luis Parada Rivero (Economía y Finanzas Públicas).

También están Víctor Hugo Zamora Castedo (Hidrocarburos), Álvaro Rodrigo Guzmán Collao (Energías), Oscar Miguel Ortiz Antelo (DesarrolloProductivo), Iván Arias Durán (Obras Públicas), Jorge Fernando Oropeza Terán (Minería), Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo (Justicia), Oscar Bruno Mercado Céspedes (Trabajo), María Eidy Roca de Zangüesa (Salud), María Elva Pinckert de Paz (Medio Ambiente y Agua), Víctor Hugo Cárdenas Conde (Educación) y Beatriz Eliane Capobianco Sandoval (Desarrollo Rural).

Entre los cargos por los que se les sindica está conducta antieconómica, que es sancionada con una privación de libertad de entre tres y ocho años, apunta la estatal ABI.