Áñez: Mientras Evo huía, el MAS buscaba a la Iglesia
El viceministro Torrico expresó su desacuerdo y dijo que la Iglesia ya dio su versión
La expresidenta Jeanine Áñez afirmó ayer que, mientras el expresidente Evo Morales “huía” a México en 2019, sus parlamentarias “imploraban reunirse” con la Iglesia católica y a la oposición, luego de que el hoy jefe del MAS criticara a algunos de los jerarcas católicos por su papel ese año.
“La ‘cantaleta’ de Evo Morales cambió de letra y música. Renunció, abandonó el cargo y llorando se fue por asilo cómplice, huyendo del fraude de elecciones de 2019, delito confirmado por OEA. Huía mientras sus parlamentarias masistas imploraban reunirse con Iglesia y oposición”, afirmó la exmandataria en sus redes.
El lunes, Morales dijo que “reclamar justicia y reparación para las víctimas del genocidio” de 2019 “no es ninguna ‘cantaleta’”.
“Ninguna institución religiosa debería ser aliada de la impunidad de crímenes de lesa humanidad”, señaló, en respuesta a las declaraciones el arzobispo emérito de Sucre, monseñor Jesús Juárez, que pidió al MAS no seguir con la misma “cantaleta” de que en 2019 hubo golpe, cuando “todo el mundo sabe que hugo fraude”.
La exprimera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Susana Rivero (MAS), reacionó más tarde al tuit de Áñez y afirmó que “ninguna parlamentaria rogó a Iglesia Católica nada”. “Vos contaste q te llamaron domingo 10 de noviembre a las 18.00 para ofrecerte la Presidencia”, complementó en Twitter.
El procurador del Estado, Wilfredo Chávez, pidió el 30 de enero a la Fiscalía que convoque al clero de la Iglesa católica a declarar por el caso “Golpe de Estado I”, lo que provocó críticas por parte de la oposición y otras organizaciones que no comulgan con el MAS.
Ayer, el Consejo Arquidiocesano de Laicos de La Paz tildó de “irresponsables” las declaraciones del Procurador y señaló que la crisis política y social de 2019 fue provocada por Morales, luego de que este no respetara el referéndum de 2016.
En ese marco, la organización rechazó la actitud de Chávez por “intentar presionar a funcionarios judiciales” para que llamen a declarar “a nuestros pastores, quienes no solo cumplieron su misión, sino atendieron los pedidos de los diversos actores, para abrir espacios de diálogo y salir de esa profunda crisis que evitó más luto y dolor”, según manifiesto.
En el Gobierno, entretanto, no todos están de acuerdo con que los obispos declaren en este caso. El viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, expresó su desacuerdo con la postura de la Procuraduría.
“La versión de la Iglesia ya fue dada en un documento público (…). No estoy de acuerdo, personalmente. Honestamente les digo no estoy de acuerdo, no porque sea la Iglesia. Tampoco soy creyente. Nos estamos yendo por las ramas”, observó.
Chávez, por su parte, reiteró que los que deben ser citados a declarar son el vicepresidente de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), Ricardo Ernesto Centellas; el secretario episcopal, Aurelio Pesoa; el exobispo auxiliar de El Alto, Giovani Arana, y el padre José Fuentes.
Inca: No avanza el caso Sankta
El activista de Derechos Humanos de El Alto, David Inca, denunció ayer que, mientras el Gobierno impulsa los casos Golpe I y Golpe II, el proceso judicial por las muertes de Senkata y Sacaba permanece estancado.
“Hay decisión política (...) Avanza este proceso (Golpe I), pero en el caso concreto del genocidio, que es el delito más fuerte, el de Senkata-Sacaba, no hay nada (...) Parecería que el caso lo están guardando para la etapa electoral y usarlo como campaña (…) Hay calculo político”, sostuvo.
Exdiputada Rivero dice que Procurador solo busca titulares