Exministros piden que guerreros digitales renuncien al secreto bancario

Los exministros de Evo Morales, Carlos Romero y Teresa Morales, vinculan a una subsidiaria de Entel llamada Dinámica y a la Asociación del Canal Valle (ATB) en presunto desvío y financiación a los denominados mercenarios digitales. Piden que funcionarios renuncien a su secreto bancario.

“Hemos hecho una gráfica que nos explica un presumible modus operandi de esta acción que nos plantearía hipotéticamente que recursos públicos estén siendo usados de forma irregular en la financiación en plataformas digitales”, sostuvo Romero en conferencia de prensa.

Detalló que de acuerdo a sus indagaciones existen dos formas de desvío y financiación para crear cuentas falsas en diferentes plataformas digitales, con el único objetivo de hacer una “guerra sucia”, “denostar” y “perseguir”.

Mencionó que el Ministerio de la Presidencia a través del Viceministerio de Comunicación concentra en la Asociación del Canal Valle (ATB) la mayor pauta publicitaria, con adjudicaciones de casi Bs 30 millones.

“Esa inflación de recursos públicos en ese medio de comunicación hace presumir de que una parte de esos recursos van destinados a la financiación de esas plataformas digitales”.

Según Romero, un 20 o 25% se desvían a través de un enlace de estos equipos denominados por los diputados los “mercenarios digitales”, que aclaró no tienen el mismo perfil de aquellos que empezaron a operar en la gestión del expresidente Evo Morales.

En relación a Dinámica, subsidiaria de Entel, sostuvo que también concentra una buena parte del presupuesto para la publicidad en redes sociales, aunque no precisó si tiene el mismo modus operandi con el Viceministerio de Comunicación. 

Sostuvo que, en 2021, el gobierno de Luis Arce incrementó mediante decreto supremo su presupuesto a Bs 110,2 millones. Además, que entre ATB y Dinámica concentran el 38% del presupuesto.

“Casi cuatro de cada 10 bolivianos del presupuesto de publicidad del Viceministerio de Comunicación se concentra en una empresa comunicacional y una subsidiaria de Entel, por eso quisiéramos que se transparente y desagregue las contrataciones”, insistió.

Asimismo, manifestó que –por ejemplo– un enlace es el señor Diego Mauricio Prieto Herbas que presuntamente ha creado cuentas en redes, ha definido sus alcances y objetivos y tiene registrados importes de gastos en un mes por diferentes montos en varias campañas.

“Este señor, con una empresa unipersonal “Humano”, recibe recursos públicos presumiblemente contrata y paga varias de estas cuentas falsas canceladas por Facebook, más de una cuenta”. El detalle es que sería funcionario del Ministerio de la Presidencia.

De esa manera, Romero sostiene que además de cobrar un sueldo como funcionarios se estarían beneficiando con contratos por servicios digitales, lo que sería totalmente ilegal.

En la línea del diputado Héctor Arce que develó un esquema de “mercenarios digitales”, el exministro ratificó que Daniel Llorenti, director de comunicación del Ministerio de Gobierno “es uno de los principales articuladores de estos grupos”.

Tanto Romero y Morales dijeron que eso quedó en evidencia cuando envió por error un documento sobre el presunto pacto entre Morales y Camacho, el mensaje habría sido compartido en un grupo de whatsapp denominado “piso 8”

Aunque no precisaron un número exacto de funcionarios, dijeron que hay muchos comprometidos en estas actividades que son ilegales, y que estas personas incurren en los presuntos delitos de “uso indebido de bienes del Estado, daño económico al Estado”.

“Y si la práctica es recurrente e involucra a las mismas personas, entonces estamos hablando de una organización criminal”, advirtió, por lo tanto, debería proceder “mínimo su destitución”.