Gobierno “no reconoce” informe sobre derechos humanos de EEUU y denuncia injerencia
Estados Unidos menciona en un documento “abusos” de las fuerzas de seguridad, “torturas” y “detenciones arbitrarias” por “móviles políticos”, entre otros aspectos cuestionados.
Banderas de Estados Unidos y Bolivia. El Gobierno manifestó este martes que “no reconoce” un informe “unilateral” de Estados Unidos sobre los derechos humanos en Bolivia en el que se mencionan “abusos” de las fuerzas de seguridad, “torturas” y “detenciones arbitrarias” por “móviles políticos”, entre otros aspectos cuestionados.
Bolivia “no reconoce este tipo de documentos emitidos de forma unilateral que son una práctica de injerencia en asuntos internos y elaborados sin fundamentos objetivos que lo sustenten”, expresó la Cancillería en un comunicado sobre el Informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre los Derechos Humanos en 2022.
También indicó que Bolivia está adscrita al “multilateralismo y a sus mecanismos de evaluación” para garantizar, proteger y cumplir con los derechos humanos "en el marco de los tratados y convenios internacionales".
El ministerio de Exteriores añadió que, "reafirmando esos compromisos", el país recibió las visitas de varias instancias de derechos humanos y que esta semana llegará una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que verificará esa situación en distintas regiones bolivianas.
En tanto que el ministro de Justicia, Iván Lima, dijo a los medios que el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió un informe "muy débil", con información "muy general e imprecisa".
EL INFORME
El informe hace un balance de la situación de los derechos humanos en Bolivia en 2022 y señala aspectos como "tortura y casos de trato o castigo cruel, inhumano o denigrante por parte de funcionarios de gobierno, condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales, arrestos o detenciones arbitrarias, serios problemas respecto a la independencia judicial".
También advierte sobre "restricciones" a la libertad de expresión y medios de comunicación, "actos de violencia contra periodistas", "censura, interferencia sustancia con la libertad de reunión, corrupción gubernamental seria, falta de investigación y de rendición de cuentas por actos de violencia en razón de género, y existencia de las peores formas de trabajo infantil".
Sobre las cárceles indica que las formas "más comunes de tortura" contra los privados de libertad incluyen "violación, violación en grupo por parte de los guardias, privación sensorial, uso de cámaras de gas lacrimógeno improvisadas, uso de pistolas paralizantes, asfixia, abuso verbal y amenazas de violencia".
El informe recalca que las instalaciones penitenciarias tienen una capacidad para 6.765 reclusos, pero la población es de 20.864 y que están "superpobladas", carentes de servicios médicos adecuados que causan "condiciones duras y potencialmente mortales".
"Las reclusas sufrieron acoso y agresión de manera regular y algunas se vieron obligadas a pagar tarifas de extorsión para evitar ser violadas", sostiene el documento.
También expresa que hay "arrestos arbitrarios" contra opositores "posiblemente motivados por móviles políticos" y que policías están involucrados en "extorsión", entre otros aspectos.
Varias instancias internacionales como las Naciones Unidas, el Grupo de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH y Human Rights Watch se han pronunciado a favor de que Bolivia realice una reforma judicial mediante un "acuerdo nacional" que incluya a diferentes actores.
El Gobierno ha señalado que los cambios en la Justicia avanzan con ajustes institucionales, normativos y políticas públicas, mientras que los opositores han mencionado en varias ocasiones que el sistema judicial responde a los intereses del oficialismo.
