El jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Alarcón informó este viernes que el Movimiento Al Socialismo (MAS) reactivó, con otro número, el tratamiento del “proyecto de Ley 218 de Ley Contra la Legitimización de Ganancias Ilícitas”, con el que se pretende criminalizar la protesta y castigar a quienes financian la misma.
El parlamentario subrayó que el jefe de la Alianza opositora, Carlos Mesa, instruyó a sus parlamentarios hacer una defensa férrea del sistema democrático porque el oficialismo busca implementar la dictadura en el país con figuras penales como “terrorismo, financiamiento del terrorismo, legitimación de ganancias ilícitas, decomiso y confiscación de bienes”.
“Nuevamente, el presidente y el Gobierno vuelven a la carga. Se ha convocado para hoy a la sesión de (la Comisión de) Constitución para tratar el proyecto de ley 280, este es el que está reemplazando al proyecto de ley que fracasó hace aproximadamente un año atrás, que era el famoso proyecto de ley 218”, declaró Alarcón.
En octubre de 2021, el Gobierno decidió retirar de su tratamiento el proyecto de Ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas de la Cámara de Senadores en un intento por detener las protestas sociales de ese entonces. Varios sectores se encontraban movilizados y advertían con radicalizar las medidas de presión exigiendo el retiro de la normativa.
Esa iniciativa legislativa señalaba que su objetivo era prevenir, investigar, procesar y sancionar delitos de legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo, así como implementar mecanismos de prevención contra el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales.
Criminaliza la protesta
Según Alarcón, este nuevo proyecto normativo, con el número 280, prevé implementar sanciones más graves contra la protesta social en la forma en como está redactado.
“El tipo penal de terrorismo criminaliza la protesta social. (…) Por ejemplo, (la movilización por el) que no se lleve la malla curricular. Si esto se lo hace a través de una acción, entre otras cosas, se castiga libertades; si se restringe la circulación en las vías públicas, sería considerado terrorismo con un castigo de 20 a 25 años de prisión y decomiso o confiscación de los bienes de las personas sin siquiera tener sentencia condenatoria ejecutoriada”, explicó.
Legitimación de ganancias ilícitas
El otro tipo penal que prevé activar el Gobierno es legitimación de ganancias ilícitas. Puntualizó que ese delito penal se vincula con muy pocas cosas, por ejemplo, con el narcotráfico, la organización criminal y la corrupción.
“Aquí (a la causal) están ampliando como delito, como delito principal, cualquier delito a temas tributarios, relativo a temas medioambientales, relativo a actividades mineras que se consideren ilícitas, relativo a compra y venta de minerales que se consideren ilegales”, añadió.
El opositor explicó que un tercer punto tiene que ver con que el Gobierno pretende implementar la confiscación y decomiso de bienes sin que el investigado tenga una sentencia condenatoria.
Financiamiento al terrorismo
El otro tipo penal que el Gobierno intenta introducir al ordenamiento jurídico es el financiamiento al terrorismo, según Alarcón.
“En esto del financiamiento al terrorismo se puede cancelar la personalidad jurídica de empresas, de manera autónoma del delito principal, sin haber hecho el juicio por el delito principal, si ha hecho alguna transacción civil o comercial con un grupo social que está haciendo un acto de protesta”, explicó.
El diputado de CC José Manuel Ormachea aclaró que el proyecto de ley, que se encuentra en la Comisión de Constitución de Diputados, fue enviado por el mismo presidente Luis Arce.
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