Caso 36 días de paro: Dirigentes cruceños deciden no declarar
Hay tres líderes procesados por el paro que exigía la no postergación del Censo 2023
DENUNCIADOS. Rómulo Calvo (D) y Rainerio Vargas, en la Fiscalía de Santa Cruz de la Sierra, ayer. Foto: APG El expresidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo; el vicerrector de la Universidad Gabriel René Moreno (Uagrm), Reinerio Vargas, y el abogado constitucionalista José Luis Santistevan se abstuvieron de declarar este jueves por el caso de los 36 días de paro en Santa Cruz.
Los dirigentes cruceños permanecieron casi cuatro horas en la Fiscalía Especializada en la Lucha Contra la Corrupción del Plan Tres Mil.
“Nos abstuvimos de declarar y complementamos nuestra declaración, porque no queremos entorpecer el trabajo que están haciendo nuestros abogados. Ustedes saben que el Gobierno es hábil en buscar una contradicción para poder acusar y condenar a los ciudadanos bolivianos. Aquí no existe justicia, aquí no existe ley, no existe Constitución Política del Estado, ni nada”, dijo Calvo tras dejar la Fiscalía.
El vicerrector Vargas, por su parte, confirmó que tanto él como los otros dos dirigentes se abstuvieron de declarar en este proceso, que se les sigue por diez supuestos delitos, en el marco del paro de 36 días, que se realizó entre octubre y noviembre de 2022, en demanda de la no postergación del Censo.
“Hemos demostrado que somos personas de bien y que nos vamos a defender en todas las circunstancias (…) Nos hemos abstenido de hacer una declaración porque, sobre diez procesos, querer decir alguna cosa podría ir en contra nuestra, entonces lo lógico es hacer lo que hemos hecho”, señaló Vargas.
Además, cuestionó la legitimidad del proceso, ya que no respeta la jurisdicción natural, puesto que el caso radica en La Paz, pese a que los supuestos ilícitos fueron cometidos en Santa Cruz.
La denuncia fue realizada por el dirigente de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto y afín al MAS, Marcelo Mayta, el 11 de noviembre del año pasado, y aceptada por la Fiscalía dos días después.
“No reconocemos la jurisdicción (del caso), exigimos que sea en Santa Cruz, no solo la toma de declaración, sino todo el proceso porque el supuesto ilícito se cometió en acá”, sostuvo el vicerrector.
