Ley 045 penaliza trabajo de prensa y sigue vigente
Los gremios periodísticos denuncian que su trabajo sigue bajo amenaza
PRENSA. Una grupo de periodistas, en pleno trabajo en la ciudad de La Paz. Foto: Archivo Organizaciones de periodistas y medios de comuncación saludaron ayer la decisión de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de eliminar el artículo 281 del proyecto de Ley 305 de “Compromisos Internacionales en Materia de Derechos Humanos”. Sin embargo, recordaron que ese artículo, que penaliza el trabajo de la prensa y contraviene la Constitución y la Ley de Imprenta, continúa vigente en la Ley 045 de Lucha Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación.
La comisión, luego de escuchar la semana pasada a los trabajadores de la prensa y a los propietarios de los medios de comunicación la semana pasada en una audiencia, comunicó ayer que resolvió elminar el artículo 281 del Código Penal del proyecto de ley en cuestión.
“(Se declara la) supresión del Artículo 281 In Extenso del Proyecto de Ley 305/2023”, informó de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados en un comunicado.
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) destacó la labor de la Comisión, presidida por la parlamentaria Magaly Gómez (MAS), luego de escuchar a periodistas y dueños de medios de comunicación. Sin embargo, recordó que la Ley 045 sigue siendo un asunto pendiente.
“Es un avance significativo, pero queda pendiente la tarea de corregir el contenido de la Ley (045), que, desde 2010, castiga con prisión de hasta cinco años a periodistas y con la clausura de medios de información. Estos extremos son absolutamente contrarios a los principios de la Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley de Imprenta”, alertó el presidente de la ANP, Jorge Carrasco.
Desde el 8 de octubre de 2010, la Ley 045 impone sanciones económicas y suspensión de licencia de funcionamiento al medio de comunicación “que autorizare y publicare ideas racistas y discriminatorias”, según expresa el artículo 16.
El artículo 23, además, sanciona la “difusión e incitación al racismo” con la pena privativa de libertad de uno a cinco años al “trabajador de un medio de comunicación social, o propietario del mismo” y advierte que “no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno”.
El pasado jueves 13 de abril, Carrasco declaró ante los representantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja que los periódicos El Diario y Página Siete, y la Agencia de Noticias Fides (ANF) fueron procesados por una supuesta difusión de mensajes racistas, procesos que continúan pendientes de resolución.
El presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, Raúl Peñaranda, también destacó la decisión de la comisión, pero dijo que el sector continúa alerta.
“Reiteramos que la Ley 045 (...) sigue manteniendo un artículo que establece cárcel contra los periodistas, lo que viola la Constitución y la Ley de Imprenta”, expresó el dirigente.
EMERGENCIA
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB)dijo que el sector se mantiene en estado de emergencia hasta que la Cámara de Diputados comunique por escrito su decisión de manera oficial.
