Ropa usada: Exigen legalización y dan plazo de cinco días

Los comerciantes de ropa usada, agrupados en un sindicato otorgaron un plazo de cinco días, a partir del próximo lunes 15 de mayo, para que el Gobierno legalice la venta de ropa usada en todo el país; caso contrario, el sector comenzará a protestar y aplicar medidas de presión en todos los departamentos.

“Hemos dado cinco días al gobierno nacional para que nos atienda obviamente con la solicitud; en caso de que no se dé atención al sector, nos estamos movilizando como primera medida a nivel nacional, una marcha escalonada con todas las bases”, dijo el ejecutivo del Sindicato de Ropa y Prendería a Medio Uso, Reynaldo Quispe, a radio Fides.

El dirigente manifestó que las movilizaciones se producirán en los nueve departamentos. “En caso de no ser atendidos después de realizar esta marcha, estamos programando medidas mucho más fuertes, como es el bloqueo de caminos en los diferentes departamentos”, advirtió. 

Según Quispe, su sector sufrió los efectos de la pandemia y muchos de sus afiliados se están quedando sin capital para continuar con la actividad, hasta ahora ilegal de acuerdo a la normativa vigente.

Prohibida 

La legislación boliviana prohíbe la importación y venta de la ropa usada por sus efectos en la salud y en la industria manufacturera nacional.

Según el Ministerio de Salud y Deportes, la ropa de segundo uso puede ocasionar alergias, irritación, enrojecimiento, erupción cutánea y hongos en la piel a quienes la compran. La mercadería ilegal es desechada como basura desde otros países.

El mes pasado la Aduana Nacional inutilizó más de 12 toneladas de ropa usada decomisada entre marzo y abril consistente en deportivos, blusas, poleras, pantalones, chompas y otras en Cochabamba. 

Por norma, la ropa usada es considerada mercancía prohibida de importación conforme al artículo 117 del Decreto Supremo 25870 Reglamento a la Ley General de Aduanas.

IMPORTACIÓN

Según datos de la Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba (FEPC) la importación ilegal de prendería usada en Bolivia creció en 60% en los últimos siete años con un efecto devastador para el sector textilero nacional.