Salvan a Lima de la censura
Al cabo de nueve horas de interpelación, el ministro de Justicia, Iván Lima, se salvó de la censura en la Asamblea Legislativa. En una votación nominal que concluyó a las 2:00 de esta madrugada, 83 asambleístas votaron por el sí. Se necesitaban 89 para que la autoridad del Ejecutivo sea censurada po

Al cabo de nueve horas de interpelación, el ministro de Justicia, Iván Lima, se salvó de la censura en la Asamblea Legislativa. En una votación nominal que concluyó a las 2:00 de esta madrugada, 83 asambleístas votaron por el sí. Se necesitaban 89 para que la autoridad del Ejecutivo sea censurada por dos tercios.
La interpelación –que estuvo presidida por el titular de Diputados, Jerges Mercado, en ausencia de David Choquehuanca y Andrónico Rodríguez– había sido solicitada por ocho senadores y tenía como motivo la aprehensión del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
Durante la sesión, los parlamentarios mantuvieron un arduo debate no solo por la razón que los llevó al hemiciclo, sino también por la forma de votación: unos, apoyaban la votación nominal mientras que otros, la del escrutinio con voto secreto.
Finalmente, a las 23:18, después de casi dos horas de discusión, Mercado decidió que la votación sea nominal. Los legisladores tenían la opción de hacer uso de palabra hasta por tres minutos. Antes, ya venían justificando su posición. La bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) se mostró dividida: varios parlamentarios apoyaron la moción de censura para Lima. Lo curioso es que unos y otros arguyeron el mismo motivo: los hechos luctuosos de 2019. Algunos de los que censuraron al Ministro señalaron que la justicia está corrompida, que el Órgano Judicial no tiene independencia y, entre otras causas, se mencionó la muerte del testigo protegido en el caso ABC.
RESPUESTAS
El Ministro respondió a un pliego interpelatorio de 11 preguntas. En la primera, se le pedía explicaciones sobre las acciones de su despacho para plasmar las recomendaciones del Alto Comisionado de NNUU para los DDHH sobre las reformas de la justicia, la independencia judicial y el debido proceso. En la segunda, sobre la aplicación de las recomendaciones de la Oacnudh respecto de la detención preventiva como último recurso judicial.
En la tercera y cuarta, que se referían a garantizar a las personas un debido proceso, la imparcialidad y el juez natural –lo que para los interpelantes no se aplica contra los opositores al Gobierno–, Lima dijo que hay figuras que fueron expulsadas del ordenamiento penal por la propia Asamblea.
Respecto de la quinta, sobre las recomendaciones del GIEI por la falta de independencia en la administración de justicia, la instrumentalización de la justicia y el uso y abuso de la detención preventiva, respondió que el Gobierno lleva adelante la institucionalización de la carrera judicial.
Para la sexta, detalló las causas de las aprehensiones y defendió como necesaria la detención preventiva de quienes cometieron delitos. En ese marco, la existencia de supuestos detenidos políticos es un debate que requiere de otra sesión, con lo que dio por respondida la séptima pregunta, sobre la detención de Camacho.
Sobre la pregunta 8 y la aprehensión del Gobernador, el Ministro explicó que se ejecutó una orden fiscal y no una orden judicial. Admitió que existía una vacación judicial y que por eso la orden no la firmó un juez, sino un fiscal. Luego, dijo que esa orden fue objeto de varios recursos judiciales y que en todas las instancias la justicia falló y reconoció la legalidad de la aprehensión. Aunque los legisladores afirmaron que esa es la intromisión del Gobierno que digitó todo este proceso.
Para las preguntas 9, 10 y 11, Lima hizo una extensa explicación sobre por qué la sentencia que prohibía los juicios en ausencia desapareció y nunca fue notificada a los demandantes. Recordó que hubo una denuncia ante la Asamblea de parte de la exdiputada Norma Piérola que la Comisión de Justicia Plural desestimó y, por tanto, se debe retomar la notificación de la sentencia luego de ese largo proceso.
Legisladores de la oposición y algunos del oficialismo –aquellos del ala radical, que responden a Evo Morales– no admitieron sus explicaciones y ratificaron la existencia de una directa injerencia del Ejecutivo en la justicia.