El proyecto de ley de modificación del Sistema de Pensiones 395, enviado por el gobierno de Luis Arce a la Asamblea Legislativa, pretende que los bolivianos mayores de 65 años sean evaluados física y mentalmente, a través del Ministerio de Trabajo, si quieren continuar su vida laboral; sin embargo, esa disposición no aplica a los políticos. La propuesta fue calificada de inconstitucional por dos especialistas en derecho laboral y una diputada del oficialismo.
El proyecto de ley lo firmó el presidente del Estado, Luis Arce, el 2 de junio y fue remitido a la Cámara de Diputados el 9 de junio, mediante la Vicepresidencia, y desde entonces se encuentra en tratamiento.
La iniciativa legislativa fue impulsada desde el Gobierno como un nuevo marco legal que favorecerá el incremento de las pensiones de jubilación mínimas y máximas en Bs 1.000. Sin embargo, en la disposición adicional única señala que los trabajadores deben jubilarse a los 65 años y que un examen a cargo del propio Gobierno definirá si pueden seguir su vida laboral.
Además de pretender limitar el derecho al trabajo de cualquier boliviano, el Gobierno plantea en su proyecto de ley eximir a las autoridades electas y destinadas de esas evaluaciones y favorecerlos para que sigan perteneciendo en la masa laboral del aparato estatal.
“Se encuentran exentos de la aplicación del Parágrafo I de la presente disposición, las autoridades electas, designadas y de libre nombramiento”, señala el parágrafo III de la disposición adicional única.
El abogado laboralista Hernán Clavel calificó de inconstitucional que el Gobierno pretenda decidir si un ciudadano debe tener derecho al trabajo o no a partir de los 65 años. Al contrario, anticipó que esa propuesta generará protestas.
“Es una norma de seguridad social totalmente injusta, obviamente discriminadora, inconstitucional. Más bien, habría que pedirle al Gobierno que nos den el 100% de la jubilación o por lo menos el 80%; así miles van a acceder a la jubilación, pero no con esa renta miserable del 20% que es ahora, no alcanza para sobrevivir. Yo creo que es un globo de ensayo que ha lanzado el Gobierno y una vez más quiere ganarse conflictos sociales innecesarios”, sostuvo Clavel a la ANF.
El especialista agregó que, de aprobarse la norma, se blindará a los políticos y eso ocasionará que sea un espacio de privilegio donde muchos se “destrozarán entre sí” por ocupar cargos.
Al ser consultada por el tema, la diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Alina Canaviri aseguró que no se puede privar el derecho al trabajo a nadie y analizarán la norma junto a otros legisladores.
“El derecho al trabajo no se lo corta a nadie, entonces viendo eso, no tenemos un consenso, seguramente vamos a estudiarlo y seguramente va a ver algunas posiciones de algunos diputados, pero el trabajo a las personas no se lo corta nadie”, dijo la diputada (MAS), integrante de la comisión de Política Económica de este cuerpo legislativo.
Edgar Campos, especialista en la legislación laboral, también observó que los jubilados tengan que cumplir 35 años de aportes para recibir la renta máxima que ni siquiera llega al 20% del salario que recibe el trabajador, a diferencia de los policías y militares que reciben el 100% de sus sueldos.
“Para los que hemos trabajado y aportado nos califica, en base de cálculos, los mismos que no cumple la Gestora porque dice el 70% del referente salarial. ¿Qué es referente salarial?, es el promedio de los 12 últimos meses y no se cumple, en muchos casos hemos visto que ni siquiera llegan al 20% del referente salarial la jubilación que percibe un trabajador”, explicó Campos a este medio.
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