Goni y Zorro Berzaín ponen fin a litigio con las víctimas de 2003

Aclaran que el convenio no significa que demandados admitan su responsabilidad

PROTESTA. Goni y Sánchez Berzaín retiran los procesos en la justicia de Estados Unidos. Archivo

Para poner fin a la disputa legal en Estados Unidos, el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, llegaron a un acuerdo con las familias de las víctimas de octubre de 2003, para pagar un monto de resarcimiento, a cambio de evitar mayores acciones de parte de los demandantes.

Las partes acordaron no divulgar el monto del resarcimiento acordado.

La conciliación prohíbe que demandantes realicen mayores acciones contra los demandados, respecto a los hechos de 2003. Además especifica que la decisión de conciliar no implica que Goni y Sánchez Berzaín admitan responsabilidad.

En el marco de este proceso que se desarrollaba en Estados Unidos, en 2018 un jurado federal en Florida declaró a Goni y Sánchez Berzaín culpables de los asesinatos y concedió una indemnización de 10 millones de dólares a los demandantes.

Tras el acuerdo, los demandados retirarán su apelación y el veredicto del jurado de 2018 permanecerá en vigencia, informó el Centro de Derechos Constitucionales, que patrocina a las víctimas.

“Cuando comenzamos con el juicio, todo el mundo nos dijo que Goni estaba por encima de la ley. Me siento orgulloso de que el pueblo Aymara ha mostrado al mundo que ningún político, sin importar lo rico o poderoso que sea, goza de impunidad absoluta”, dijo Teófilo Baltazar, uno de los demandantes del juicio, según el Centro de Derechos Constitucionales.

El abogado Thomas Becker, que representó a los demandantes, destacó que con este juicio se muestra que se puede hacer responsables a los líderes mundiales se ha refugiado en los Estados Unidos después de cometer abusos atroces.

Las violaciones a los derechos humanos en este caso, se registraron durante manifestaciones en la ciudad de El Alto que fueron reprimidas por fuerzas estatales.

Entre los demandantes se encontraban Etelvina Ramos Mamani y Eloy Rojas Mamani, cuya hija de ocho años, Marlene, fue asesinada delante de su madre cuando una bala entró por la ventana de su casa; Teófilo Baltazar Cerro, cuya esposa embarazada fue asesinada cuando una bala penetró la pared de una casa; Felicidad Rosa Huanca Quispe, cuyo padre de 69 años fue baleado y asesinado al borde de la calle; y Gonzalo Mamani Aguilar, cuyo padre fue baleado y asesinado mientras cuidaba sus cultivos.

Durante el juicio que duró tres semanas en 2018, los testigos relataron que los tanques circularon por las calles y que los militares dispararon durante horas y horas, incluso dentro de las casas y a civiles desarmados que huían.

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