Acuerdo viabiliza convocatoria a judiciales antes del Carnaval

Después de dos semanas de bloqueos de carreteras en el país, la Asamblea Legislativa Plurinacional logró el viernes un acuerdo para encaminar el proceso de las elecciones judiciales, que según el Gobierno, debe realizarse hasta octubre una vez que la convocatoria sea promulgada en los próximos días, antes del Carnaval. 

Los parlamentarios se dieron un plazo de una semana para la aprobación del proyecto de ley en el Legislativo y luego seguir con el procedimiento hasta remitir listas de postulantes a magistrados al Órgano Electoral. 

Ese convenio, según el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, y el diputado Carlos Alarcón (CC), no reconoce la prórroga de los actuales magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Se estima que hasta el miércoles se promulgue la Ley 144 que convoque a los comicios judiciales.

Según el acuerdo, la Cámara de Diputados tratará por tiempo y materia y aprobará hasta el viernes dos proyectos de ley, que son 073 y 075, sobre los magistrados: el primero cesa en su cargo a los magistrados prorrogados y el otro es para que se suspendan los plazos procesales mientras se eligen a los nuevos tribunos.

“Este acuerdo no reconoce la autoprórroga. Esto fue el motivo de discusión. En el artículo 3, inciso g, estaba insertado que el marco legal tenía que regirse bajo esta declaración constitucional 049, este inciso estaría vigente y de manera indirecta en toda su dimensión se reconocería prácticamente no solo los artículos y la disposición, sino también la extensión de mandato”, detalló el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, en entrevista con El Deber Radio.

Lo reiteró nuevamente para asentar la idea. “No puede ser que se reconozca (la prórroga de los magistrados), de ninguna manera. También ellos reconocieron que no es legal la extensión de mandato. Entonces, se suprimió ese inciso y por tanto se dejó sin efecto, en la Ley (144), el reconocimiento legal a los actuales exmagistrados y consejeros”, complementó.

Mientras, el diputado Alarcón, también en entrevista con el programa ¡Qué Semana! de El Deber Radio, aseguró que este acuerdo tiene tres componentes y que uno de ellos no reconoce la prórroga de mandato de las actuales autoridades judiciales. El legislador también aseguró que las elecciones judiciales deben ser desarrolladas máximo hasta julio de este año.

“El segundo objetivo de este acuerdo era no renunciar a garantizar elecciones judiciales transparentes y reales en el tiempo que nos da el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y que es hasta fines de julio de este año, porque si no se logra hasta julio ya no habrá elecciones judiciales en este periodo constitucional porque ya se superpone con las primarias y el próximo año con las elecciones generales”, dijo Alarcón.

El legislador explicó también que este acuerdo establece la salida de los actuales magistrados a través de las elecciones judiciales y también con la aprobación del proyecto de ley 075, que cesa en sus funciones a las autoridades. Además, Alarcón destacó que el acuerdo también prevé la aprobación de siete créditos en el Legislativo.  

“Pero, además, seguir en la pelea y la lucha para que los (magistrados) prorrogados, los usurpadores judiciales se vayan a su casa. La gran preocupación que teníamos de parte de Comunidad Ciudadana (CC) en estas mesas de diálogo y concertación es que el Gobierno ya entró a este partido con la mitad de tiempo ganado, porque la apuesta del Gobierno fue los prorrogados y como estos tienen el respaldo oficial, prácticamente al Gobierno le convenía que ya no hubiera ninguna ley sobre elecciones judiciales e iban a culpar a la oposición”, afirmó Alarcón.

ELECCIONES EN OCTUBRE 

La posesión de nuevas autoridades judiciales será hasta octubre de este año y no chocará con las elecciones primarias de los partidos porque esas se realizarán en febrero del siguiente año, precisó el ministro de Justicia, Iván Lima.

“El Órgano Electoral, que es un órgano independiente, tiene que decir cuánto tiempo le va a tomar, tendrán entre 120 y 180 días para llevar adelante ese proceso electoral, es un tema que nos permite avizorar que tendremos nuevos magistrados en el país alrededor de septiembre octubre de este año”, dijo. 

De acuerdo con su explicación, las elecciones generales serán el 17 de octubre del 2025 y, contando los plazos hacia atrás, las primarias debían realizarse el 23 de febrero de 2025 no será este año.

LEY DE CRÉDITOS

El acuerdo alcanzado en el Legislativo para garantizar la ley de elecciones judiciales también compromete aprobar seis créditos por $us 728.296.082,37 y, uno por 415.000.000.000 de yenes japoneses, que estuvieron estancados en su tratamiento.

Gobierno pide elecciones en plazos justos

A tiempo de interpretar el comunicado que emitió la CIDH, sobre el conflicto en Bolivia, el ministro de Justicia, Iván Lima, abogó para que la elección judicial no se desarrolle en plazos breves, sino en tiempos que garanticen condiciones de acceso igualitario de postulantes y la calificación de méritos.    

“La CIDH, en un comunicado, nos está planteando que la elección no puede ser en plazos breves, como lo que se ha sostenido en el debate intenso que hemos tenido en las últimas jornadas. Tiene que ser en plazos y procedimientos que garanticen el acceso y la gran conquista del pueblo boliviano: que la mitad de las magistradas y consejeras puedan ocupar las mujeres el 50% de estos tribunales, que los indígenas originarios y campesinos sean parte de nuestros tribunales, está planteando la CIDH la meritocracia”, dijo Lima en conferencia de prensa.

Horas antes de conocerse el acuerdo político para las elecciones judiciales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado referido a la situación de conflicto en Bolivia. 

El organismo exhortó que el procedimiento de selección de magistrados cumpla con requisitos básicos como la difusión previa de las convocatorias, plazos y procedimientos; la garantía de acceso igualitario e incluyente de todas las personas candidatas; la calificación con base en mérito y capacidades profesionales; así como participación de la sociedad civil para un efectivo control social, entre otros aspectos. La CIDH señaló que existe un contexto de alta polarización política, en el cual instó a las autoridades a abstenerse de emitir declaraciones que estigmaticen la protesta o a quienes participan de ella. 

Facción ‘camachista’ de Creemos no firmó el consenso

La facción de Creemos, que responde al liderazgo de Luis Fernando Camacho, decidió no firmar el acuerdo para convocar a elecciones judiciales, además de que expresó su rechazo al convenio anunciado en la Vicepresidencia.

El delegado de esta facción era el senador Henry Montero, quien no firmó el documento bajo el argumento de que convalida a los magistrados prorrogados.

“Los legisladores de Creemos no firmamos el acuerdo sobre #EleccionesJudiciales porque primero deberían irse los violadores de la CPE, los autoprorrogados del Tribunal Constitucional y el Órgano Judicial, recién tratar y aprobar la Ley de Elecciones Judiciales; sin embargo, el acuerdo de hoy es al revés”, criticó Montero, mediante redes sociales.

El acuerdo fue firmado por el MAS ‘evista’ y ‘arcista’, Comunidad Ciudadana y la facción disidente de Creemos, mediante el diputado Leonardo Ayala.

El convenio implica que se apruebe la ley para convocar a elecciones judiciales, mientras que el cese de los prorrogados se tratará después incluso de aprobar cuatro leyes de créditos internacionales.

El senador Montero consideró que así se echó “agua bendita” a los prorroguistas.

De la misma facción “camachista”, María René Álvarez, denunció que con el acuerdo se ha “negociado abrir más deuda para los bolivianos en forma de créditos, a cambio de tratar la autoprórroga de los magistrados usurpadores”.

Consideró que existe ingenuidad o complicidad de esta oposición, porque se permite que los magistrados prorrogados sigan en funciones.

“Como miembro de la Directiva y Cuarta Secretaria de la Cámara de Diputados, expreso públicamente mi total desacuerdo con este pacto entre masistas y opositores, porque permiten que se siga vulnerando la Constitución, las leyes vigentes y las atribuciones de la función legislativa”, agregó Álvarez.

Evo saludó el acuerdo horas antes

Pasadas las 17:00 del viernes se anunció que el acuerdo para llevar adelante las elecciones judiciales; sin embargo, horas antes Evo Morales, líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), anunció su beneplácito por el consenso.

“Saludamos el consenso de las bancadas en la Asamblea Legislativa Plurinacional para convocar a las elecciones judiciales”, escribió Morales a las 9:52 del viernes.

En el mismo mensaje, Morales acusó al presidente, Luis Arce, y al vicepresidente, David Choquehuanca, por boicotear la solución a los conflictos.

“Tienen que instruir la inmediata aprobación de la ley que está consensuada para garantizar las elecciones del Órgano Judicial”, escribió Morales.

Mientras la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), que apoya al Gobierno de Luis Arce, advirtió que desde el lunes se realizará la “toma pacífica” de la Asamblea Legislativa Plurinacional hasta la aprobación del proyecto de ley para las elecciones judiciales, tal como señala el último compromiso político.

Otro punto señala “exigir de forma inmediata” la renuncia de todos los diputados y senadores que se prestan a “convulsionar y bloquear la economía nacional” del país.