La Sala Constitucional Segunda del Beni determinó este lunes paralizar la toma de exámenes a postulantes de las elecciones judiciales, a solicitud de un candidato que fue inhabilitado.
La decisión judicial perjudicó a la Comisión de Constitución, que fue notificada al finalizar la tarde, minutos antes de comenzar con las entrevistas a los postulantes. Sus integrantes expresaron molestia por esta situación.
El postulante que tramitó esta paralización es Charles Fernando Mejía, quien había ganado un amparo contra su inhabilitación como candidato.
Este 1 de julio, dicho postulante solicitó medidas cautelares para paralizar la toma de exámenes, porque no se le había tomado en cuenta en la convocatoria para los exámenes ni la Asamblea respondió al amparo a su favor. En el día, la Sala Constitucional de Beni resolvió a favor del accionante y determinó la paralización del cronograma de toma de exámenes.
En la Comisión de Constitución, la senadora Silvia Salame consideró que existe una “mano negra” de parte de los magistrados “autoprorrogados” en el Beni, porque en el día de la presentación ya se emitió una medida cautelar y se notificó. Pidió seguir avanzando en la preselección.
La ‘evista’ Patricia Arce rechazó los obstáculos a la elección judicial y de los administradores de justicia. El ‘arcista’ Jerges Mercado criticó también la resolución emitida en el Beni, sin embargo, señaló que se debe cumplir la medida cautelar.
El diputado de CC, Pablo Arízaga, señaló que están “cabreados” y advirtió que están cansados de seguir en esta situación de obstaculización a las elecciones judiciales. “Estamos realmente ya explotando por esta situación”, manifestó el presidente de la Comisión, Miguel Rejas, quien además consideró descabellado el fallo de la Sala del Beni.
Por iniciativa de algunos parlamentarios, se puso a consideración la continuidad de las entrevistas pese al fallo judicial, pero no logró los dos tercios. La intención, de todas maneras, es que la postergación sea solamente por algunas horas.
MÁS DENUNCIAS
Al margen de las 35 demandas que es de conocimiento de la Asamblea Legislativa Plurinacional, existen 41 pedidos de otros postulantes que solicitaron que sus casos sean reconsiderados antes de acudir a la justicia.
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