FFAA: Los PIE, polémicas y denuncias desde 2021

Entre Comunidad Ciudadana y Creemos, las dos fuerzas opositoras con presencia en la Asamblea Legislativa Plurinacional, se plantearon más de medio centenar de peticiones de informe escrito sobre las Fuerzas Armadas desde 2021. Denuncias sobre compra de naves y equipos, radares, presencia de militares venezolanos, el convenio con Irán en Defensa, entre otras, avivaron las dudas durante este periodo.

Según el informe proporcionado a CORREO DEL SUR, desde 2021, primer año de mandato de los parlamentarios, hasta abril de este 2024, los diputados de Comunidad Ciudadana plantearon 24 peticiones de informe escrito (PIE) dirigidas al ministro de Defensa, Edmundo Novillo. El reporte solo contempla las acciones desde la Cámara Baja y aún resta por sistematizar el último trimestre.

En Creemos, solo la senadora Centa Rek emitió 19 PIE desde 2021 hasta junio de este año dirigidas a Novillo.

Los reportes abarcan hechos previos a la insurrección militar y toma de la plaza Murillo, el pasado 26 de junio, que volvió a poner en cuestionamiento la institucionalidad de las Fuerzas Armadas.

TARDE Y A MEDIAS

Ambas bancadas de oposición se quejan de falta de transparencia y de acceso a la información.

“No ha sido una información transparente. En procesos de contratación o en lo que se refiere a los ascensos, a los destinos, ha sido información, primero, en alguna medida extemporánea, y en otros casos, una información sesgada o mutilada”, expresa el jefe de bancada de CC en Diputados, Enrique Urquidi, sobre las respuestas remitidas desde el Órgano Ejecutivo a sus PIE.

Culpa al poder político. Las respuestas a varias peticiones demoraron más de tres meses y resultaron “sesgadas”, “direccionadas”, “con información que no va exactamente a responder la pregunta, sino a generar mayor confusión e incertidumbre”.

El jefe de bancada de Creemos en la Cámara Baja, Oscar Michel, coincide en señalar que las respuestas a los instrumentos legislativos de fiscalización “no han sido transparentes y, en muchos casos, evasivas”.

ALGUNOS CASOS

En Creemos consideran graves todos los casos.

Por ejemplo, Michel lamenta que los convenios que realiza el Gobierno sean confidenciales, especialmente los suscritos con Irán y Rusia, por lo que generan “susceptibilidad”. 

En julio del año pasado, ambos países sellaron un acuerdo para reforzar la lucha contra el narcotráfico –incluía dotación de equipos–, la seguridad fronteriza y el campo académico. El renovado acercamiento ha generado susceptibilidad en el Gobierno argentino.

Otro caso. Cuando en junio de 2023, una PIE cuestionó por qué no se había solicitado autorización a la ALP para el ingreso de tropas extranjeras, a raíz de la entrada de militares venezolanos, el Ministro respondió que no era necesario porque estos “no habían entrado como tropa sino con fines académicos y de altos estudios”.

“La presencia de militares en el país se viene realizando desde hace 16 años. En su inicio, venían infiltrados con delegaciones o brigadas médicas, hoy se dice que vienen a recibir capacitación. Tampoco se sabe de forma oficial el número de militares y la verdadera razón de su permanencia en Bolivia”, comenta Michel.

Otro tema sonado fue el de los radares adquiridos a la empresa francesa Thales en 2016, cuya puesta en funcionamiento recién fue anunciada en octubre del año pasado, aunque las observaciones persistieron. Para Michel, hubo negligencia del Ejecutivo, daño económico al Estado y no hay control del espacio aéreo al 100%.

CC también hace hincapié en el caso de los radares y, en general, considera graves las compras sin cumplir los procedimientos. “Hay varios casos en ambas instituciones (FFAA y Policía), sobre todo en el ámbito de la compra de equipos; las adjudicaciones irregulares, compra de equipamiento que realmente no ha cumplido su fin y, por lo tanto, yo diría que el gran problema que tienen ambas instituciones es, precisamente, la falta de institucionalidad que ha venido perdiendo”.

Responsabiliza a la administración del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) por cooptar “de manera realmente preocupante y vergonzosa tanto a las FFAA como a la Policía”. Pone dos ejemplos: las denuncias de injerencia política en ascensos y destinos que desataron polémica en los últimos meses y años –aquí se inscribe el ascenso del general ahora detenido Juan José Zúñiga– y, durante el primer gobierno de Evo Morales, la imposición de la arenga “¡Patria o muerte!…. ¡Venceremos!”.

“En su generalidad, salvando por supuesto excepciones (…), ambas instituciones se han visto cooptadas y sometidas al poder político del MAS. El caso de las FFAA ya con los últimos sucesos es un caso muy preocupante porque han perdido total respeto, total autoridad moral ante la ciudadanía. Unas FFAA que por lo menos en sus niveles jerárquicos se han alineado totalmente a los mandatos políticos de manera vergonzosa”, lamenta.

EN CC

En 2021, diputados de la alianza opositora presidida por el expresidente Carlos Mesa preguntaron sobre las acciones a favor de los damnificados por las lluvias en Sucre; el uso de un avión de la FAB por parte del expresidente Evo Morales; la existencia de una fábrica de municiones; el uso de una nave para transportar a un equipo que filmó un documental sobre Morales; el aeropuerto Juana Azurduy de Padilla de Sucre; el servicio premilitar; actos administrativos; importación de material bélico y no letal y denuncias sobre el funcionamiento de “células de inteligencia partidaria del MAS”. 

En 2022, las PIE de CC buscaron información sobre el hito Piso Firme; la delimitación Santa Cruz-Beni y Santa Cruz-Cochabamba y el despliegue estratégico de unidades militares. 

En 2023, se pidieron informes en torno al trámite de la libreta militar del concejal alteño Francisco Quispe; el funeral sin honores del general Gary Augusto Prada Salmón debido a prohibiciones oficiales; el tratamiento del caso del oficial violador Elizardo Nina y unidades militares.

Este 2024, CC solicitó sus PIE por la instalación del sistema de radares por la empresa Thales que demoró siete años; el alquiler de cuadrículas mineras de oro; el decreto supremo 5050 que aprueba la cobertura de límites de unidades territoriales, integrada en el Sistema de Información de Organización Territorial, y el “arma de inteligencia” en el Ejército boliviano.

En Creemos

En 2021, la senadora Centa Rek de la alianza liderada por el gobernador detenido Luis Fernando Camacho planteó dos PIES: la primera para conocer información sobre el desplazamiento de un contingente militar por el aniversario del Ejército y la segunda por la emboscada a militares en Opoqueri y San José de Maca, así como en Senkata, donde un uniformado perdió la vida. 

En 2022, las PIE buscaron ahondar en las funciones de las FFAA en el pago de los bonos Juancito Pinto y Dignidad, a raíz de la denuncia de desfalco contra el entonces coronel Juan José Zúñiga por 2,7 millones de bolivianos, y en la atención de fenómenos climáticos y el uso o no de vehículos que se compraron para ello en años pasados.

En 2023, solicitaron información sobre el uso de naves de las FFAA por parte de Evo Morales; la compra de aeronaves chinas y el funcionamiento de los radares; los procesos de Zúñiga y su ascenso al grado de general, las denuncias de prohibiciones a militares para firmar los libros para una reforma judicial vía referéndum; la caída de dos cadetes en el Colegio Militar de La Paz; el resguardo de fronteras para evitar la salida de combustible; la denuncia de transporte de lingotes de oro fuera del país; el ingreso de militares venezolanos; el convenio entre Irán y Bolivia en defensa y acciones para la mitigación de incendios.

Este 2024, finalmente, Rek preguntó sobre un eventual plan posincendio; la denuncia del uso de vales de gasolina en vehículos particulares y los controles en las gasolineras del país.