Gobierno decreta pausa ambiental indefinida y plantea elevar pena de cárcel por incendios
El nuevo decreto implica anular y negar sin plazo las autorizaciones de quemas en todo el territorio nacional
El Gobierno nacional declaró este miércoles una pausa ambiental indefinida en Bolivia y envió a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para endurecer hasta 12 años la pena de cárcel contra quienes activen incendios en bosques, tierras forestales, reservas protegidas, tierras fiscales humedales o pastizales.
El Decreto Supremo 5225 establece la pausa ambiental ecológica e implica anular y negar sin plazo las autorizaciones de quemas de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) y declarar “no disponibles” por cinco años las tierras fiscales afectadas por quemas e incendios hasta su restauración y posterior utilización.
“El Ministerio de Defensa y el Ministerio de Gobierno, a través de las instancias correspondientes, reforzarán el resguardo de áreas protegidas y reservas forestales a nivel nacional”, establece el artículo 5 del decreto aprobado en reunión de gabinete presidido por el presidente Luis Arce.
Plantean edurecer penas
El proyecto de ley enviado al Legislativo para su aprobación endurece las penas de cárcel en contra de los autores de las quemas e incendios forestales. De acuerdo con la propuesta, la persona que promueva un incendio que afecte bosques, tierras forestales, reservas protegidas, tierras fiscales, humedales o pastizales puede ser condenado con entre 6 y 13 años de cárcel.
También se prevé condenas de 5 a 7 años de cárcel contra quien o quienes orden o se beneficien “con la ejecución del incendio forestal”. Este proyecto de ley implica modificar el Código Penal.
La actual legislación contiene penas leves contra los responsables de causar incendios forestales. Recientemente fueron liberadas cuatro personas que fueron encontradas con combustible para incendios forestales en las zonas de incendios en Santa Cruz, y otra persona se benefició con un juicio abreviado y su libertad, aunque con la orden judicial de sembrar 100 plantines.
La decisión del Gobierno surge después de la declaratoria de emergencia nacional por los incendios y cuando en el país ya se registran casi 4 millones de hectáreas afectadas por el fuego.