¿Por qué la Fiscalía no investigó estos casos contra Evo Morales?

El escándalo de la suspensión de la orden de aprehensión de Evo Morales, dentro de un proceso por presunto estupro y trata infantil, sumado a la destitución de la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, por impulsar esa investigación, hizo que se desempolven otros casos de relevancia en los que el Ministerio Público se hizo de la vista gorda y excluyó de toda investigación al expresidente.

Cuando todo apuntaba a que el fiscal general Juan Lanchipa cerraría sin sobresaltos su gestión de seis años en el más alto cargo del Ministerio Público, el jueves pasado salió a la luz el escándalo del caso de trata de personas que se investigaba en Tarija.

UNO POR UNO

En 2020, durante el gobierno de Jeanine Áñez, el Ministerio Público, a la cabeza de Juan Lanchipa, inició un proceso penal contra Morales por el caso fraude electoral de 2019. El Fiscal General informó en ese entonces que además del exmandatario, estaban procesados Álvaro García Linera, Juan Ramón Quintana, Héctor Arce y Carlos Romero. Sin embargo, después, la investigación quedó archivada.

En abril de 2016 se produjo el asalto al Hotel Las Américas. El mismo Morales confesó desde Venezuela que había dado la orden de ejecutar el plan de intervenir ese lugar, donde acribillados Eduardo Rózsa, Árpád Magyarosi y Michael Dwyer. Hoy, ese caso está entrando a la CorteIDH en un proceso contra el Estado boliviano. En nuestro país, nunca se investigó al expresidente por este caso.

La corrupción de 6,8 millones de dólares en el exFondo Indígena Originario Campesino (Fondioc) en 2015, por la que el Ministerio Público abrió procesos penales al menos a 200 dirigentes del entorno cercano a Evo Morales, jamás tocó al expresidente, como la Máxima Autoridad Ejecutiva. Por lo menos en cuanto a la investigación fiscal.

Otro caso es el denominado ‘24 de Mayo’, en el que se procesó a una quincena de dirigentes del Comité Interinstitucional, por la vejación a campesinos en la plaza 25 Mayo. Aquel día de 2008, Morales debía llegar a Sucre y el MAS trasladó a la capital a un grupo de campesinos para recibirlo, pero fueron vejados por los mismos militantes que, en lugar de ser investigados, aparecieron en cargos públicos.

La Calancha, también en Sucre, donde en 2007 fallecieron tres personas. ¿Qué hizo el Ministerio Público? Aceptó procesar al exministro de Gobierno Alfredo Rada y a tres jefes policiales, pero excluyó a Morales de la investigación, pese a que él, en su condición de Presidente, ordenó la intervención policial.

Sobre este último caso, hace unas semanas, cuando los periodistas en Sucre le preguntaron al fiscal general Lanchipa su opinión sobre la impunidad de los sucesos de La Calancha, la autoridad prefirió no responder y se alejó.

Por la represión violenta de la Policía a la marcha de los indígenas en Chaparina, en septiembre de 2011, se sancionó a tres generales policiales, pero el Ministerio Público, encabezado primero por Ramiro Guerrero y luego por Juan Lanchipa, en ningún momento investigó al entonces ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, ni al jefe de Estado, Evo Morales. Los indígenas se oponían a la construcción de una carretera que atravesaría el núcleo del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).

Con relación al escándalo del hijo imaginario de Morales con su novia Gabriela Zapata, en 2016 (siendo ella menor de edad en 2007), concluyó con una sentencia de 10 años de prisión para la exgerente de la empresa china CAMC por legitimación de ganancias ilícitas, falsedad ideológica y uso de pruebas falsas, pero el expresidente no fue incluido en la investigación.

Los 13 muertos del 11 de septiembre de 2008 en Pando, registrados durante el gobierno de Morales en lo que se denominó la “Masacre de Porvenir”. Ni Guerreo, desde 2011, como fiscal general, ni Lanchipa desde 2018 tomó en cuenta a Morales en la investigación.

A todos estos casos se suman los cuatro de presunto estupro y trata de personas que involucran al exmandatario por su relación sentimental con menores de edad. Tres de esas jovencitas quedaron embarazadas.

CERCANO A EVO

El abogado penalista y defensor de derechos humanos Jorge Valda dijo que Lanchipa fue un estrecho colaborador de Evo Morales en su gobierno.

Por eso, según Valda, lo nombraron “a dedo” magistrado del Tribunal Constitucional; después, pasó a la Dirección de Diremar, fue vocal y presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y, finalmente, Fiscal General del Estado con el respaldo de la mayoría de parlamentarios del MAS.

Ruiz: Se pusieron a las órdenes de Evo Morales

El abogado constitucionalista Luis Alberto Ruiz sostiene que Evo Morales tiene protección del Ministerio Público y de la Justicia. 

“Evo ha sido beneficiado porque él manejaba la justicia, porque los operadores se pusieron a las órdenes de un hombre que se creía dueño del país. El Ministerio Público, que está cooptado, no puede investigar al ‘dueño del país’”, remarcó.

Por su parte, el presidente del Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca, Juan Pablo Cervantes, cuestionó el trabajo del Ministerio Público al señalar que en algunos casos actúa con una “rigurosidad excesiva” y en otros no imprime rapidez ni se rige al principio de oportunidad.

“Autoridades como el fiscal general Juan Lanchipa quedan en una mala situación, una mala perspectiva. Ojalá que haya una investigación responsable y si hay un autor de estos delitos, que tenga la sanción correspondiente”, señaló, refiriéndose al caso de estupro y trata de personas que involucra a Evo Morales. 

Exdiputado critica a abogados que defienden a Morales

El exdiputado Amílcar Barral afirmó este sábado que, para un abogado formado bajo principios de ética, moral y profesionalismo, debería ser vergonzoso e inmoral asumir la defensa del expresidente Evo Morales, quien es sospechoso de haber cometido delitos de pedofilia. Según Barral, Morales podría enfrentar al menos 20 años de cárcel, si hubiera una justicia independiente en Bolivia.

Dijo que los casos de Gabriela Zapata, Noemí, la hija Achacollo (exministra), la menor de edad de Yacuiba y la dueña de una vagoneta de 90.000 dólares, son de conocimiento público. Si la justicia fuera transparente, Morales ya debería estar preso y encarcelado, pero como él sigue manejando los hilos de la justicia, goza de una impunidad nunca antes vista en la historia en el país, aseveró Barral.

En ese contexto, criticó el accionar de los abogados Wilfredo Chávez, exprocurador del Estado; Nelson Cox, delegado Defensorial en Cochabamba; y Cecilia Urquieta, lamentando que, al tener micrófonos y cámaras, intentan “defender lo indefendible” ante casos de pedofilia, de estupro y corrupción de menores atribuidos a Morales.

“Es vergonzoso lo que está pasando con estos abogados, pero también es cierto que Evo Morales maneja aún los tentáculos de fiscales y jueces, exministros, exviceministras, que saben de sus delitos y lo defienden. Yo no agarraría casos de violación a niñas, pero esta gente pierde la vergüenza, la moral y la dignidad por haber recibido plata en el gobierno de Evo Morales siendo sus funcionarios”, comentó.

Evo ve que le juzgan por casos resueltos

El expresidente de Bolivia Evo Morales aseguró este sábado que el gobierno de Luis Arce busca procesarlo con casos judiciales “ya resueltos”, debido a que el Ejecutivo ha perdido su legitimidad por las dificultades económicas que atraviesa el país.

“Cuando los argumentos se agotan, la violencia sale a flote. Cuando el gobierno pierde el debate político, abusa del poder procesando dirigentes y líderes sociales”, escribió en la red social X.

El líder del (MAS) sostuvo que la Administración de Arce “perdió cualquier tipo de legitimidad” debido a la escasez de combustibles, falta de dólares y por la inflación.

También dijo que el Gobierno “en vez de gestionar los últimos meses” de su gestión busca “procesarlo con juicios ya resueltos por la justicia”, tal como pasó durante la gestión interina de Jeanine Áñez. Morales enfrenta una investigación por presuntamente “violar a una menor de 15 años” y por crear una red de jóvenes para tener a su disposición durante su presidencia que habría llamado ‘Generación Evo’.