Ministro Siles: Con la Ley 075, Andrónico cometió tres delitos

El Gobierno advirtió que Andrónico Rodríguez cometió tres delitos al promulgar la ley de cese de funciones de los magistrados, mientras el Órgano Judicial cierra filas en torno a la legalidad de sus actuaciones, según dijeron, enmarcadas en la Declaración Constitucional Plurinacional 049/2023. El TSJ manifestó que está desarrollando sus labores jurisdiccionales y administrativas con absoluta normalidad.

El ministro de Justicia, César Siles, calificó este miércoles de “pseudopromulgación” lo hecho el martes por el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, con la Ley 075, del cese de funciones de los actuales magistrados.

Para la autoridad del Ejecutivo, Rodríguez incurrió en tres delitos graves: Resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado, usurpación de funciones e incumplimiento de resoluciones constitucionales. 

Luego de la promulgación de la Ley 075 de cese de los magistrados y la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional 041/2024, que declaró nula la sesión en la que se aprobó dicha norma, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a través de un comunicado, hizo conocer que “viene desarrollando sus labores jurisdiccionales y administrativas con absoluta normalidad”.

SIGUEN EN FUNCIONES

Según el presidente del Tribunal Agroambiental, Gregorio Aro, los magistrados siguen cumpliendo sus funciones en el marco de una sentencia constitucional.

Cuando se le consultó si sus actos son legales, respondió: “Ellos analizarán, hay una sentencia constitucional, son atribuciones de la ALP”.

¿Ustedes continúan sus funciones?, también se le preguntó: “Continuamos funciones de manera normal estamos continuando funciones mientras una ley que no está promulgada, publicada entonces está pues, continuamos con nuestras funciones (sic)”.

Entre tanto, la decana del Consejo de la Magistratura, Sandra Soto, recordó que el TCP anuló la sesión en la que se aprobó la ley de cese de magistrados y, por lo tanto, los actos posteriores quedan anulados. 

“Por ende, el Consejo de la Magistratura sigue en funciones, en cumplimiento a la resolución 049 que establece de manera excepcional y temporal la prórroga de las autoridades en tanto y en cuanto asuman nuevas autoridades electas”, dijo.

La mañana de este miércoles se observó la presencia de un contingente policial en inmediaciones del TCP, ante la posibilidad de que algunos sectores se movilizaran tras la promulgación de la Ley 075 pese a que el Constitucional ya había declarado nula la sesión en la que se aprobó la polémica norma.

El que sí se presentó es el candidato a la presidencia Jaime Solís, quien pegó un banner con un mensaje de “Se cancela el TCP”. Solís dijo que “a partir de hoy los tribunos no tienen ninguna vigencia, jurisdicción, competencia y autoridad para sancionar ninguna sentencia constitucional. Cualquier acto que firmen en este momento puede ser considerado una resolución contraria a la Constitución y a las leyes, podrían ser detenidos en forma flagrante”.

LA IGLESIA

El arzobispo de Sucre, monseñor Ricardo Centellas, respaldó este miércoles la ley que cesa de sus funciones a los actuales magistrados que, en su criterio, busca restablecer la institucionalidad de la justicia en Bolivia. “La promulgación de la Ley 075, esperamos que ayude a restablecer la institucionalidad en el país”, remarcó. 

Mesa califica de “funesta” la ‘autoprórroga’

El líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, expresó este miércoles su respaldo a la promulgación de la Ley 075 contra la prórroga de los magistrados y consideró que la ‘autoprórroga’ es “tan funesta como la desobediencia al referéndum del 21F”.

En sus redes sociales, recordó que la norma fue promovida por la alianza que él preside. Esa sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional se llevó a cabo el 7 de junio, pero fue promulgada el martes pasado por Andrónico Rodríguez.

“La autoprórroga es tan funesta como la desobediencia al referéndum del 21F, y sus efectos son similares. El momento en que se restablezca el imperio de la Constitución, quienes hoy la vulneran y quienes protegen y defienden tal obsecuencia, deberán responder ante la verdadera justicia”, publicó Mesa en su cuenta en X.

Abogados cuestionan alcances del RDN

Sobre la promulgación de la norma de cese de funciones de los magistrados, la abogada constitucionalista María Elena Atard opinó que el Recurso Directo de Nulidad (RDN) en contra de la sesión de la Asamblea Legislativa que el 7 de junio presidió Andrónico Rodríguez tiene la finalidad de verificar si esta autoridad usurpó funciones y si ejerció competencias que no emanen de la ley, pero no de analizar el contenido del proyecto.

“En mi criterio, la ley promulgada el martes, mientras no implique una decisión a partir de entender que es un nuevo acto decisorio, es una ley que debe ser cumplida de manera inmediata, y esto en resguardo de la democracia”, afirmó. Explicó que el objeto del RDN fue el cumplimiento del orden de sucesión para la promulgación de esta ley y que no se cuestionó el contenido del proyecto, sino la competencia de Rodríguez para la convocatoria a la sesión.

Arturo Yáñez, expresidente del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia (Conalab), manifestó que todos los fallos de los actuales magistrados son sospechosos de nulidad a partir del momento de su prórroga y cuestionó que sean ellos mismos quienes se ampliaron su mandato y, luego, resuelvan el RDN. Calificó esta situación como “una anomia institucional”.

Gobierno no publicará en la Gaceta las leyes promulgadas