Gobernadores rechazan el PGE 2025 y exigen incluir acuerdos

Siete de las nueve gobernaciones del país manifestaron este miércoles su rechazo al proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, argumentando incumplimiento de acuerdos previos por parte del Gobierno. 

Según el documento firmado por los gobernadores de Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija y Cochabamba, junto a los equipos técnicos de Beni, Oruro y Potosí, el presupuesto proyectado no incorpora los compromisos asumidos en el último Consejo Nacional de Autonomías.

“Rechazamos el anteproyecto del PGE 2025 porque no cumple lo instruido por el presidente Luis Arce en las reuniones técnicas con diferentes ministerios”, declaró el gobernador en ejercicio de Santa Cruz, Mario Aguilera. 

La autoridad explicó que esta decisión responde a las inconsistencias en la distribución de recursos y la falta de inclusión de las necesidades de los departamentos en el diseño presupuestario.

El proyecto del PGE 2025 contempla un presupuesto consolidado de 296.565 millones de bolivianos, lo que supone un incremento del 11,7% respecto al 2024. 

También se proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 3,51% y una inflación del 7,5%, manteniendo un déficit fiscal elevado del 9,2% del PIB. 

Además, prioriza un alto gasto público, que incluye la subvención a los hidrocarburos, estimada en más de $us 2.000 millones. 

El presupuesto prevé también una mayor asignación para sectores como educación (Bs 31.078 millones) y salud (Bs 29.892 millones), así como el fortalecimiento de industrias que promuevan la sustitución de importaciones, política que impulsa el gobierno del presidente Luis Arce.

Oposición al decreto 5264

Además del PGE, los gobernadores expresaron su oposición al Decreto 5264, que regula la gestión y el financiamiento relacionado con el cambio climático. 

Argumentaron que esta normativa excluye a municipios, gobiernos indígenas y comunidades que habitan y protegen los bosques. 

Según los gobernadores, Bolivia cuenta con 55 millones de hectáreas de bosques, capaces de generar ingresos anuales por 5.000 millones de dólares por servicios ambientales. 

En ese sentido, demandaron un marco legal que garantice una distribución equitativa de estos recursos entre todos los niveles de gobierno y las comunidades.

Los gobernadores, en esa línea, acordaron trabajar una propuesta integral que aborde aspectos técnicos, ambientales, jurídicos y sociales para la redistribución de los beneficios provenientes del mercado de carbono. 

Finalmente, pidieron al Gobierno mayor transparencia y diálogo para garantizar la participación efectiva de las departamentos en la planificación del presupuesto.

REUNIÓN

Representantes de siete de las nueve gobernaciones del país se reunieron este miércoles en Santa Cruz para discutir el PGE 2025 y abordar otros asuntos de mutuo interés.