Casos que frenó la Ley de Imprenta: Un siglo de lucha desde el periodismo

De no estar vigente la Ley de Imprenta, el periodista cruceño Carlos Valverde podría haber terminado en la cárcel en 2016, tras destapar las denuncias de tráfico de influencias en torno a Gabriela Zapata, expareja del entonces presidente Evo Morales. Decenas, sino cientos de periodistas, que cubrieron crisis políticas y sociales, tendrían que haber acudido a declarar en juicios impulsados por el Gobierno, de no tener fuero especial. Sin la norma centenaria, los directivos de Página Siete, El Diario y ANF habrían tenido que enfrentar hasta el final el proceso abierto por la administración de Morales en 2012, porque reflejaron que este había señalado que en el oriente “solo por flojos podemos hambrear”.

No es que no ha ocurrido. Periodistas y directivos de medios tuvieron que enredarse en papeleos judiciales para evitar procesos ordinarios; declararon en la Fiscalía y hasta terminaron temporalmente en la cárcel en los casos más graves, producto de los excesos del poder, pero siempre el paraguas ha sido la Ley de Imprenta.

“Preocupa que sean juristas en función de administradores de justicia los que intenten vulnerar una ley que protege al periodismo libre”, reclama en CORREO DEL SUR el director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) de Bolivia, Franz Chávez.

La Unidad de Monitoreo de la ANP, que trabaja desde hace 17 años, registra, a veces a diario, agresiones a periodistas y medios; entre ellas, varios casos vinculados a la Ley de Imprenta.

Tras el periodo negro de las dictaduras, la hostilidad contra los periodistas ha ido en ascenso desde la asunción del MAS al poder, especialmente en conflictos, aunque no ha estado ausente en otros gobiernos. Agresiones físicas, psicológicas, robo de equipos, hostigamiento, amenazas, falta de acceso a la información, violación del secreto de fuente, judicialización se cuentan entre los ataques.

La Unidad de Monitoreo de la ANP registró durante 2024, 61 incidentes que vulneran la libertad de prensa y de estos casos dos tienen relación con el intento de desconocer la Ley de Imprenta.

En septiembre, un juez amenazó con la detención del periodista deportivo Jaime Vega y lo conminó a presentarse como testigo en un proceso por difamación.

En octubre, el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, intentó quebrar el secreto de fuente informativa al exigir a una periodista que revelara la identidad de la persona que denunció un encuentro del legislador con el fiscal William Alave.

Otras organizaciones también tienen recuentos preocupantes.

En las organizaciones periodísticas, trabajadores de la prensa que también son abogados ofician de defensores de sus colegas. Solo Roberto Méndez, expresidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz y actual asesor jurídico de la organización, ha atendido una quincena de casos en los últimos cinco años.

“Es una norma sabia y futurista que, para quienes dicen que está desactualizada, habla de otros modos de expresión del pensamiento y entonces alcanza a las redes sociales”, destaca.

Esta nota es parte de la edición especial que CORREO DEL SUR entregó este domingo.