Gobierno llama a dialogar para evitar el paro del 10 de febrero

El Gobierno y los sectores productivos del país mantienen sus posiciones inamovibles respecto a la polémica sobre la Disposición Adicional Séptima del PGE 2025, relacionada con el decomiso de alimentos. La administración de Luis Arce esperaba anoche una confirmación para retomar el diálogo este martes y, de esa manera, evitar el paro nacional anunciado para el próximo lunes 10 de febrero.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, calificó este lunes esa medida de presión como “extrema” y “no racional”. El paro fue definido el pasado 30 de enero en el Encuentro Multisectorial realizado en Sucre.

PROYECTO DE LEY

La Cámara Nacional de Industrias (CNI), junto con las cámaras sectoriales de producción, transporte, comercio pequeñas, medianas y grandes, presentaron un proyecto de ley para derogar la cuestionada disposición del Presupuesto General del Estado (PGE), conocida como “confiscatoria”.

En una conferencia de prensa, el presidente de la CNI, Pablo Camacho, descartó que su sector tenga una posición política al rechazar, como varios sectores, la disposición considerada “confiscatoria”.

“Nuestra posición de derogar la citada disposición no puede ser interpretada como una posición política, ya que se ha expuesto de forma reiterada que es atentatoria a derechos constitucionales y va en contra del sector productivo y de abastecimiento”, aseguró.

“NO RACIONAL”

Ante los anuncios de paro movilizado contra la disposición adicional séptima de la Ley Financial, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, cuestionó esta determinación calificando la medida de extrema y no racional.

“El hecho de decir que uno no se va a sentar a la mesa de diálogo ya revela una posición extrema, y los bolivianos no resolvemos de esa manera nuestros problemas, siempre lo hemos resuelto dialogando. Por lo tanto, se puede considerar una posición no racional ir por una posición extrema sin sentarse a argumentar, sin sentarse a dialogar”, dijo el ministro citado por Unitel.

Según la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, a fines del año pasado hubo “ocultamiento de productos” lo que ha generado alza en precios de alimentos. Además, agregó que otro aspecto que influyó fue el alza en países vecinos, generándose un “contrabando a la inversa”.

“La disposición séptima tiene un objetivo y es cuidar a la gente y cuidar a la población”, señaló Alcón.

PGN 2025

La Disposición Adicional Séptima de la Ley del PGE 2025 señala que, “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.