Persiste conflicto por norma confiscatoria

El Gobierno y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) llegaron este martes a un acuerdo para suspender la aplicación de la polémica Disposición Adicional Séptima de la Ley 1613 del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, que busca combatir el agio y la especulación. Sin embargo, el Comité Multisectorial de la Cadena Productiva Nacional, integrado por 45 instituciones, desconoció el acuerdo y ratificó que continuarán las movilizaciones escalonadas en varios departamentos, exigiendo la derogación definitiva de la norma.  

El presidente de la CEPB, Giovanni Ortuño, tras sostener una reunión con el Gobierno, explicó que el acuerdo con el Ejecutivo establece que la disposición séptima no se aplicará mientras no haya consenso sobre cómo se resolverán los problemas acerca de la especulación, el contrabando, la seguridad jurídica y el respeto a la propiedad privada. 

“Hemos acordado que la Disposición Séptima no se va aplicar en tanto que el sector privado y el Gobierno no se pongan de acuerdo para solucionar los temas de especulación, contrabando, seguridad jurídica y respeto a la propiedad privada”, explicó el titular del sector privado. 

Por su parte, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, detalló que el acuerdo incluye tres puntos: primero, la derogación de la disposición es competencia del Legislativo; segundo, no se aplicará sin una reglamentación previa; y tercero, se establecerá un cronograma para continuar el diálogo entre el Gobierno y los empresarios. “No hay por qué tener susceptibilidad o calentar el ambiente”, señaló.  

RECHAZO

El Comité Multisectorial de la Cadena Productiva Nacional, que agrupa a gremiales, productores y otras organizaciones, desconoció el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la CEPB y ratificó que las movilizaciones continuarán. 

El presidente en ejercicio de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, aclaró que la CEPB no fue parte de las reuniones del Comité Multisectorial, por lo que señaló que este sector no representa la postura de la organización. “La única salida es la derogación, que es lo que exigimos como sectores. Por eso hemos presentado el proyecto de ley, con un artículo único, que es la derogación de la cláusula séptima. (La pausa) es una jugada más del Gobierno”, dijo el dirigente. 

En ese sentido, el Comité Multisectorial anunció que las movilizaciones escalonadas se activarán a partir del miércoles 12 de febrero, luego de que los sectores que lo conforman se reúnan para coordinar las acciones, según adelantó el máximo ejecutivo de la Confederación Nacional de Gremiales, César Gonzales, quien también señaló que el CEPB no representa a los sectores movilizados.

Ortuño dijo que respeta las medidas de presión anunciadas por el Comité Multisectorial, pero remarcó que el sector privado “no propicia paros, porque estos afectan a la población, a la empresa y a la economía”.