Tuto envía carta al TSE, dice que no es parte de la encuesta del bloque y pide que Samuel rinda cuentas

La disputa entre Jorge Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina en el bloque de unidad de la oposición, a raíz del desarrollo de las encuestas para definir al candidato único, suma un nuevo capítulo con la difusión de una carta en la que el exmandatario se dirige al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

En una carta al presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, Quiroga aclara que no participó de la encuesta anunciada para este fin de semana por Doria Medina y exige que se transparenten los contratos suscritos con las empresas encuestadoras.

Tuto señala que la encuesta de opinión electoral promovida y financiada por Doria Medina no fue consensuada ni acordada con él, a pesar de ser parte del bloque. Asegura que la contratación de las empresas, la metodología y el levantamiento de datos fueron definidos de manera unilateral.

“Una decisión tan importante como la elección de un candidato presidencial no puede basarse en una ilegalidad, por más que se pretenda disfrazarla”, advierte en su misiva difundida la tarde de este domingo.

En ese marco, solicita formalmente al TSE que, en ejercicio de sus funciones de control y fiscalización, requiera a Doria Medina la entrega de los contratos celebrados con las empresas que desarrollan la encuesta, a fin de demostrar que él no tuvo ninguna participación en dicho proceso.

La misiva enfatiza que su decisión de no participar en esta consulta está basada en el respeto a la normativa electoral vigente y cita el artículo 6, numeral 10, de la Ley N° 018 del Órgano Electoral Plurinacional, que otorga a esta entidad la competencia para regular y fiscalizar tanto la propaganda electoral como los estudios de opinión con efecto electoral, incluso en etapas preelectorales.

Asimismo, fundamenta su posición en la Ley N° 026 de Régimen Electoral. El artículo 128 de dicha norma define las encuestas preelectorales como estudios cuantitativos realizados antes de una votación, con el objetivo de conocer las preferencias e intenciones del electorado. Por tanto, sostiene que deben ser fiscalizadas con el mismo rigor que las encuestas realizadas durante un proceso electoral formal.

El expresidente recuerda que el acceso a estudios de opinión es un derecho ciudadano clave para el ejercicio democrático, pero que también implica responsabilidades, por lo que advierte que el incumplimiento de las normas puede acarrear sanciones.

También recalca que el respeto a la ley es el pilar del Estado de Derecho y que, quienes ejercieron la primera magistratura del país o aspiran nuevamente a hacerlo, no pueden permitirse vulnerar la normativa electoral. “La legalidad no puede ser una opción, debe ser una obligación”, concluye.