Los procesos “políticos” se cuentan por decenas

A partir de lo ocurrido con el abogado y activista cruceño Jorge Valda, vinculado al caso de la toma militar de la plaza Murillo, han reflotado las denuncias de procesos políticos impulsados por el Gobierno. No son nuevas. Desde la asunción del Movimiento Al Socialismo (MAS) al poder, varios líderes y activistas se han declarado presos políticos: solo en la administración de Luis Arce, la Fundación y Observatorio de Derechos Humanos y Justicia identificó 172 casos, certificados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a fines de 2024. 

La lista es más amplia, pero la fundación no pudo acceder a documentación de todos los casos, en buena medida por la opacidad en el manejo de la información pública.

De ese total de 172 casos, 8 personas recibieron sentencia, 35 se sometieron a procedimiento abreviado, 70 guardan detención preventiva, 41 están con detención domiciliaria, 11 tienen arraigo, fianza o deben presentarse a firmar periódicamente ante la Fiscalía y en 7 casos la fundación no pudo confirmar la restricción que tienen, de acuerdo con el detalle proporcionado por el director Rubén Darío Cuéllar.

La información presentada durante el 191 periodo de sesiones de la CIDH en noviembre tiene sistematizados fecha de detención, cargos, juzgado, Número de Registro Judicial (Nurej), entre otros datos.

El listado contempla casos desde el 10 de noviembre del 2020.

Valda, aprehendido después de que el Gobierno lo vinculara a la toma militar de junio de 2024, defendía justamente a varios de esos “presos políticos” como él mismo denunció.

EL ÚLTIMO CASO

La lista que maneja la Fundación y Observatorio de Derechos Humanos y Justicia siguió creciendo. “Estamos actualizando permanentemente ese listado, estamos en permanente contacto con la gente de la CIDH para ponerlos al día respecto a la evolución de ese listado. El listado crece y las acciones internacionales por más tardías llegan”, advierte Rubén Darío Cuéllar.

La organización remarca que tiene entrevistas y antecedentes suficientes para demostrar ante cualquier autoridad cómo las personas de la lista se encuentran con su libertad restringida  por motivaciones políticas. 

Sobre lo ocurrido al finalizar la semana, el también miembro del grupo de juristas independientes sostiene que si el Ministerio Público y la cartera de Gobierno tienen pruebas contundentes contra Valda es momento de exponerlas o, de lo contrario, dejarlo en libertad.

De la misma forma critica que se sindicara a analistas económicos y a otros dirigentes en el caso.

“La justicia en Bolivia se ha convertido en el brazo persecutor del Poder Ejecutivo y eso no puede seguir. Ojalá los bolivianos tomen conciencia de esa situación y destierren esas prácticas para siempre y con su voto cambien este destino tan inseguro que tienen los bolivianos por expresarse de una forma diferente a la que piensa el gobierno, cualquiera que sea”, concluyó.

Como en otros casos, la administración de Arce ha negado que se trate de persecución política, aunque los señalados sean líderes críticos al MAS y al Gobierno.

EN RESUMEN

172 “presos políticos” 

Procedimiento abreviado: 35

Sentenciados: 8

Con detención preventiva: 70

Con detención domiciliaria: 41

Con arraigo, fianza o firma: 11

Sin confirmación de medida: 7

Fuente: Fundación y Observatorio de Derechos Humanos y Justicia

INTOLERABLE

Rubén Darío Cuéllar

Jurista

Al igual que toda la ciudadanía tremendamente consternado, muy preocupado con esta nueva arremetida de persecución judicial con motivaciones políticas (...) Esto es intolerable, viola todos los derechos fundamentales protegidos en Bolivia”.

PATRÓN

El grupo de trabajo contra detenciones arbitrarias en Naciones Unidas ya estableció, a propósito del caso del gobernador detenido Luis Fernando Camacho, un patrón de conducta que se usa frecuentemente en Bolivia, recordó el jurista Rubén Darío Cuéllar.