Denuncian dificultades para liberar a dirigentes ‘evistas’ pese a fallo de detención domiciliaria

La defensa de Ramiro Cucho y Humberto Claros busca garantes para concretar su salida de la cárcel, mientras advierte posible injerencia política en el proceso judicial

Claros y Cucho deben cumplir requisitos para salir de la cárcel y ser llevados a sus domicilios. Claros y Cucho deben cumplir requisitos para salir de la cárcel y ser llevados a sus domicilios.

La Paz/Erbol
Política / 21/04/2025 14:51

Buscan garantes para tramitar la salida de la cárcel de los dirigentes ‘evistas’ y que cumplan la detención domiciliaria

Si bien un juez ya dictó la detención domiciliaria de los dirigentes “evistas” Ramiro Cucho y Humberto Claros, aún su defensa legal debe completar los trámites para que salgan de la cárcel y puedan irse a sus viviendas respectivas, informó el abogado Vladimir Ochoa.

Para completar los trámites, la tarea más difícil resultó encontrar los garantes que puedan avalar a los dirigentes ante la justicia, indicó el jurista.

“Estamos nosotros en la búsqueda de los garantes, que es la parte más difícil por la situación del delito y también pues porque, lamentablemente, el Gobierno siempre hostiga, amedrenta en ciertas circunstancias cuando le son desfavorables”, lamentó el jurista que defiende a Cucho.

Según el abogado, mucha gente no quiere prestarse a ser garante por estas situaciones, pero de todas maneras se procura cumplir con los requisitos para que Claros y Cucho puedan salir de la cárcel.

Claros y Cucho fueron imputados por terrorismo, debido a los 24 días del bloqueo “evista” del año pasado. A cinco meses de su encarcelamiento, un juez determinó que se puedan defender en detención domiciliaria.

Ochoa explicó que la libertad de los dirigentes se materializará en el momento en que se cumplan las disposiciones del juez.

El abogado advirtió también la posibilidad de que un tribunal superior revoque la detención domiciliaria de los dirigentes, en base a una apelación. Dijo que, de darse este escenario, implicaría que exista una “injerencia del gobierno” en la decisión judicial.

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