Diputada Lisa Claros advierte ilegalidad en el tratamiento de contratos de litio aún bajo revisión del TCP
La legisladora de CC denuncia que el oficialismo fuerza el debate sobre acuerdos millonarios pese a que aún no hay aval constitucional ni ley de consulta previa
Imagen referencial. La diputada potosina Lisa Claros, de Comunidad Ciudadana (CC), cuestionó con firmeza el tratamiento de los contratos de litio en la Cámara de Diputados, calificándolo de “ilegal y apresurado”. La legisladora recordó que estos convenios aún están bajo revisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), a raíz de una acción popular presentada por más de 50 comunidades del sudoeste de Potosí.
“En este momento los contratos están bajo revisión del Tribunal Constitucional. Se tendría que esperar si se ratifica o se revoca el fallo”, advirtió Claros en contacto con medios nacionales. Añadió que, si el TCP decide revocar la autorización, cualquier avance legislativo sería “ilegal” y sin sustento jurídico.
Según Claros, el oficialismo estaría forzando el tratamiento legislativo de los acuerdos, ignorando que estos aún no cuentan con el aval constitucional. “Están debatiendo contratos que todavía no tienen luz verde constitucional”, remarcó.
Los convenios en cuestión fueron firmados por Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) con la empresa china Hong Kong CBC Invest Limited, por $us 1.030 millones, y con la firma rusa Uranium One Group, por $us 975 millones, con el objetivo de ejecutar proyectos de industrialización de litio mediante tecnología de extracción directa.
La diputada también criticó la falta de una ley de consulta previa, señalando que los contratos avanzan sin que se haya garantizado el derecho de participación de los pueblos indígenas ni establecido un marco legal para las regalías del litio. “Nosotros no estamos en contra de la industrialización del litio, pero exigimos que se cumpla la Constitución. Tiene que haber una ley de consulta y una ley del litio”, declaró.
Claros concluyó alertando que, mientras no exista un fallo definitivo del TCP, cualquier decisión legislativa sobre estos contratos carece de legalidad y podría derivar en responsabilidades políticas y legales para los impulsores del proceso.
