Diputada denuncia desvío de recursos públicos para financiar campaña del MAS
Luciana Campero advierte que Bs 6,7 millones fueron transferidos al Ministerio de Gobierno para contratar consultores en plena etapa electoral
La diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Luciana Campero, denunció este jueves que el Gobierno habría autorizado la transferencia de más de 6 millones de bolivianos al Ministerio de Gobierno para la contratación de consultores, los cuales según la legisladora estarían destinados a apoyar la campaña electoral del Movimiento Al Socialismo (MAS) y de su candidato presidencial, Eduardo Del Castillo.
“A través del Decreto Supremo 5413, recientemente publicado en la Gaceta, se aprueba la transferencia de Bs 6,7 millones al Ministerio de Gobierno para contratar supuestamente consultores”, afirmó Campero en conferencia de prensa, señalando que la medida fue promulgada el pasado 28 de junio.
El mencionado decreto autoriza la contratación de “Consultores individuales de línea” y “Consultorías por producto”, lo que, según la diputada opositora, es una muestra clara de que estos recursos serían utilizados con fines proselitistas. “Esto demuestra con claridad y contundencia que esos recursos serán utilizados para la campaña del candidato Eduardo Del Castillo”, aseveró.
En respuesta, tanto el candidato oficialista como el Gobierno rechazaron las acusaciones. Del Castillo, exministro de Gobierno, negó cualquier vinculación con el uso de recursos estatales para su campaña. “Es absolutamente falso. La mayoría del presupuesto del Gobierno va para sueldos y salarios”, manifestó. En tono irónico, añadió: “Mis ahorros se están acabando, mi esposa se va a enojar”.
El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, también desmintió a Campero y afirmó que no existe ningún desvío de fondos públicos hacia actividades políticas. “Ni un solo centavo se transfiere a temas políticos, temas que tienen que ver con campañas”, aseguró.
Campero, por su parte, desafió al Ejecutivo a responder la Petición de Informe enviada desde la Asamblea Legislativa, como una forma de demostrar que dichos fondos no están siendo destinados a actividades electorales.