Chapare y Llallagua bajo la observación de la Defensoría
La autoridad afirmó que se desplegó a su personal a los lugares de conflicto
El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, dijo que a 13 días de las elecciones generales, se tiene un Plan de Monitoreo de Intervención en Elecciones y anunció que se desplegó, a través de las 21 oficinas, a sus funcionarios para priorizar zonas conflictivas como el Chapare (Cochabamba), San Julián y sus alrededores (norte de Santa Cruz) y Llallagua (Potosí).
“Tengo desplegado el equipo de conflictividad en estas regiones, ya hemos estado en el norte de Potosí, en esta semana están en la región del Chapare y después vamos a volver a ingresar al tema del este de Santa Cruz”, dijo.
El Defensor expresó su esperanza de que las elecciones se puedan desarrollar sin mayor contratiempo en todo país, incluidas las zonas mencionadas.
También destacó la importancia de la participación de la ciudadanía ante una crisis generalizada, que, según dijo, debe canalizarse por la vía institucional, para evitar escenarios de mayor conflictividad.
“Sabemos que han existido situaciones que han generado incertidumbre (…), pero con el tiempo se ha ido dando mayor certeza a la población. Estamos en plena campaña proselitista, aunque persisten atisbos de llamados a la violencia o a no votar. Esas actitudes deben evitarse”, advirtió Callisaya.
DERECHO AL VOTO
Por otra parte, Callisaya, instó este domingo a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto el próximo 17 de agosto, resaltando que la participación informada y libre es clave para fortalecer la democracia en el país.
“El voto es una herramienta poderosa de transformación. Convocamos a la población a no quedarse al margen del proceso electoral y a ejercer este derecho con plena conciencia y responsabilidad”, afirmó.
Desde la Defensoría del Pueblo se anunció que se activará un despliegue institucional para acompañar la jornada electoral antes, durante y después del 17 de agosto, con especial atención a los sectores más vulnerables. El objetivo —según la entidad— es garantizar que el proceso se desarrolle con respeto a los derechos humanos y bajo los principios de igualdad, legalidad y no discriminación.
“La ciudadanía debe saber que estaremos vigilantes, denunciando cualquier vulneración y exigiendo que se respeten los derechos de todas y todos”, subrayó el Defensor, quien además recordó que Bolivia está sujeta a convenios internacionales que obligan a proteger a grupos históricamente marginados como mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores. En esa línea, Callisaya advirtió que la Defensoría observará atentamente posibles restricciones o usos arbitrarios del poder que puedan comprometer las garantías fundamentales de la población. “No dudaremos en cuestionar cualquier exceso o práctica antidemocrática que afecte el ejercicio pleno del voto”, afirmó.