Lo que le espera al nuevo gobierno en narcotráfico

Antes de Cáceres, al menos cinco jefes policiales se involucraron en el negocio ilícito

EXPERTO. Gregorio Lanza (izq.), exdirector de Régimen Interior, en entrevista en Correo del Sur Radio. EXPERTO. Gregorio Lanza (izq.), exdirector de Régimen Interior, en entrevista en Correo del Sur Radio. Foto: Captura de video

Sucre/CORREO DEL SUR
Política / Hace 3 horas

Reestructurar las fuerzas del orden, aplicar mecanismos de control cruzado y restablecer la cooperación con policías de otros países son tareas inmediatas en materia de narcotráfico para el próximo Gobierno, que cargará con el descrédito de exjefes antidroga involucrados en este delito, el último, el exviceministro de Sustancias Controladas y exdirigente cocalero Felipe Cáceres.

La reflexión corresponde al experto en el tema Gregorio Lanza, quien concedió una entrevista este miércoles a Correo del Sur Radio (FM 90.1 y AM 980). 

Con Cáceres, se cuentan cuatro exautoridades antidroga de rango nacional detenidas por narcotráfico en los últimos años, todas de la administración del expresidente Evo Morales; los anteriores, parte de la élite policial, son René Sanabria, Oscar Nina y Maximiliano Dávila, que cumplen diferentes condenas. Al margen, otros uniformados de menor rango, pero en algunos casos con mayor influencia, ocuparon titulares por la misma situación: Omar Rojas y Gonzalo Medina son solo dos ejemplos.

“(Los exzares) se encargaban de regular el negocio del narcotráfico bajo las órdenes de la política seguida por Evo Morales. Evo Morales ha constituido todo un emporio a partir de una política de zanahoria y palo: ha protegido a los cárteles que le daban más rédito y que estaban más vinculados a su partido y a las zonas de producción de coca, fundamentalmente al Chapare, y ha perseguido a algunos que eran los descontentos”, aseguró el especialista en narcotráfico al sostener que este manejo, apoyado por la dirigencia sindical, se prolongó durante la administración de Luis Arce hasta el caso de Sebastián Marset, el narcotraficante uruguayo que vivió sin problemas en Santa Cruz de la Sierra hasta su huída en 2023.

Aseveró que a partir de esa relación directa, los jefes antidroga acumularon poder y comenzaron sus propios negocios.

EL DESAFÍO

Con un Estado que no controla lo que sucede en el Chapare, bastión de los cocaleros, el Gobierno que entre en noviembre tendrá en frente una situación de “desborde y descontrol”. 

Lanza dijo que la nueva administración tendrá que restituir la eficiencia y el control sobre los organismos de lucha contra el narcotráfico, el control cruzado y la presencia policial en el trópico de Cochabamba.

“Tiene que volverse a poner orden para dar seguridad al país. No hay que olvidarse que el trópico de Cochabamba es un punto geopolítico estratégico”, expresó.

“Se debe volver a retomar un trabajo conjunto con la Policía e inteligencia de los Estados vecinos (...) y coordinar con ellos porque en los últimos años del gobierno del MAS a ninguna Policía le ha interesado pasar información confidencial a los altos niveles del Gobierno boliviano porque sabían que iban a filtrar a los narcos”, añadió.

¿Debe volver la DEA al país?

El también exdirector de Régimen Interior afirma, como el candidato del PDC, Rodrigo Paz, que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos nunca salió de Bolivia, pese a la disposición de Evo Morales, sino que siguió operando con mayor confidencialidad. Por ello, planteó coordinar con ese organismo y, sobre todo, con las policías de países vecinos como Brasil y Argentina, y aquellos más de tránsito, Paraguay y Chile. 

Cree que corresponde una revisión de toda la política antidroga, lo que debería incluir la ley 906, que extendió los cultivos de coca en beneficio del Chapare, sin consenso con los productores de Yungas de La Paz, una zona de cultivo tradicional.

“INVALUABLE”

Para el experto Gregorio Lanza, Felipe Cáceres es “una fuente invaluable de información” al margen de que todavía reste por esclarecerse el caso que terminó en su aprehensión.

EN PROGRAMAS

Libre propone cohesionar un plan de combate al contrabando, al narcotráfico, a la trata y tráfico de personas para generar fronteras seguras. Incluye coordinar información sobre flujos migratorios y administrar justicia en zonas fronterizas.

El PDC identifica el narcotráfico como parte de la crisis. Sus políticas y estrategias se enfocan en la modernización general de las instituciones de seguridad y defensa, y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.

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