El pedido de cese de magistrados prorrogados ahora cuenta con sustento jurídico, afirma Pedrazas

A casi un año del desarrollo de la elección judicial, continúa la polémica sobre la continuidad de los magistrados prorrogados en su mandato y su labor dentro del Órgano Judicial. Días atrás, el Senado aprobó una ley para el cese de sus funciones y este lunes, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, pidió públicamente la renuncia de las autoridades.

El diputado de Comunidad Ciudadana Marcelo Pedrazas, en contacto con Correo del Sur Radio, se mostró a favor del pedido de Saucedo, manifestando que los argumentos en contra de la prórroga ahora cuentan con aval del Órgano Judicial, además de los intentos del Legislativo por concretar el cese de funciones.

“Lo que manifiesta el Presidente del TSJ es algo que primero manifestó la población boliviana hace tiempo atrás cuando se construyó esta sentencia, paradójicamente inconstitucional dentro del Tribunal Constitucional”, indicó.

A decir del legislador, la prórroga de magistrados fue posible gracias a estrategias políticas respaldadas por el gobierno de Luis Arce, a fin de beneficiar a su administración; por lo que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) sufrió “mutilaciones” en sus intentos por prescindir de los cinco juristas que permanecían en sus cargos.

Para Pedrazas, la continuidad de los prorrogados estuvo respaldada estos meses por el poder político, que luego de la primera vuelta de las elecciones generales se debilitó y generó que las circunstancias tomaran un giro en contra de quienes gestaron la sentencia constitucional que permitió su permanencia.

Con una posición clara dentro del Órgano Judicial, el Diputado opositor espera que todas las acciones que se tomen a partir de ahora no dañen la continuidad del trabajo de la justicia en el país y que este poder del Estado reorganice su funcionamiento.

“Yo creo que lo mejor que podrían hacer es ya no tener un enfrentamiento en algo que es tan complejo y, más bien, proponer una solución a esta decisión que ha generado inconformidad en la población y ha generado escenarios inconstitucionales”, precisó.