¿Sin los magistrados prorrogados, puede haber vacío de poder y corre riesgo el balotaje?

Luego de que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, formalizara una denuncia penal contra los cinco magistrados prorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), por presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y usurpación de funciones, los magistrados aludidos denunciaron un intento de “tomar la justicia para instrumentalizarla a favor de intereses particulares”.

Gonzalo Hurtado, presidente del TCP, indicó que esta medida supondría un riesgo para la independencia de poderes y el desarrollo de la segunda vuelta electoral y representaría un vacío de poder dentro de esta instancia.

Sin embargo, para el abogado Cristian Mina, las supuestas consecuencias planteadas por Hurtado no responden a lo que en verdad podría suceder en caso del cese de funciones o expulsión de los magistrados prorrogados.

En contacto con Correo del Sur Radio, Mina recordó que en diciembre 2024 presentó una similar denuncia contra los prorrogados y que la nueva denuncia de Saucedo se realizó con base a dicho documento.

“Para mí, lo señalado por el presidente del TSJ es correcto, tiene el apoyo de miles de bolivianos (…) Lo que corresponde es dar el apoyo y generar la ayuda necesaria”, indicó Mina.

Vacío de poder

Para el jurista, no será posible un vacío de poder dentro del TCP siempre y cuando la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) se proponga a tratar y aprobar los proyectos de ley presentados por él y por la senadora Silvia Salame, en el que se establece que los cuatro magistrados electos conformen el quorum para continuar en funciones o que se cuente también con la participación de sus suplentes, hasta que se elijan a las autoridades judiciales en los cuatro departamentos donde no se llevó a cabo esta elección.

En contrapartida, el analista Carlos Valverde apuntó que la situación de los magistrados del TCP debe ser tratado por el siguiente gobierno para evitar que se entorpezca el proceso rumbo a la segunda vuelta y la transición de mando. 

Incluso, advirtió intereses del evismo y el arcismo del Movimiento Al Socialismo (MAS) para descabezar el TCP y también el TSE para llamar a unas nuevas elecciones. Si bien indicó que esta estrategia no contempla una prórroga del gobierno de Luis Arce, aseguró que buscarían seguir la sucesión constitucional y permitir la asunción de Andrónico Rodríguez, en su calidad de presidente del Senado. 

Por ello, Valverde cuestionó a los políticos que se involucran en los asuntos judiciales porque existen objetivos ocultos de los tribunos, incluso cuestionó al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, de sumar tanto poder y respaldo al extremo de incurrir en intromisión en otras instituciones. 

¿Contra la independencia de poderes?

Al contrario de las declaraciones de Hurtado, Mina indicó que el TCP no es un poder del Estado en sí mismo, sino que tiene relación con el Órgano Judicial, mismo que en su mayoría de instancias respalda el cese de funciones de los prorrogados.

¿Riesgo para la segunda vuelta?

De la misma manera, el abogado insistió en que distintos actores judiciales se mostraron comprometidos con el desarrollo del balotaje del 19 de octubre y que los procedimientos para cesar o expulsar de sus cargos a los magistrados en cuestión se realizarán después de la segunda vuelta.

“En manos de los asambleístas”

Dado el corto periodo de mandato que les queda a los actuales parlamentarios de la ALP, Mina estima que tratar u aplicar los proyectos de ley presentados estará “en manos de los asambleístas” que asuman en el próximo mandato, por lo que las autoridades ya electas deberían empezar a trabajar al respecto. En su lectura, el Legislativo es la garantía para lograr el orden y correcto funcionamiento del TCP.