La Fiscalía deja a la ALP la situación de magistrados del TCP

El Ministerio Público se declaró incompetente para conocer la denuncia contra los cinco magistrados prorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), planteada por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, y, en tal sentido, la remitió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Así lo hizo conocer este miércoles, en una conferencia de prensa ofrecida desde Sucre, el fiscal general, Roger Mariaca. “…analizando diferentes antecedentes que ya cursan en otras decisiones fiscales, en otras decisiones jurisdiccionales y en otras decisiones dentro de la ALP es que la fiscal analista (de la Fiscalía Departamental de Chuquisaca) ha determinado el remitir la denuncia presentada por el señor Presidente del TSJ ante la ALP”, informó.

Explicó que la denuncia de Saucedo pasa ahora a la Presidencia de la Cámara de Diputados para que proceda conforme a la Ley 044 (Ley Procesal para el Juzgamiento de altas autoridades del Poder Judicial y del Fiscal General de la República).

Además, mencionó que existe “jurisprudencia” por unos autos de vistas emanados por el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ de Chuquisaca) que, constituido en sala penal en el pasado reciente, determinó la “incompetencia en la vía ordinaria para procesar a las autoridades, en este caso del TCP”.

“Existió un auto de vista de unos vocales del TDJ de Chuquisaca, convertidos en una sala penal, que determinaron la incompetencia del aparato judicial para poder procesar a los señores magistrados en ese momento”, reforzó Mariaca.

Dijo que el caso será remitido en las próximas horas a la Presidencia de la Cámara Baja, “para que sean ellos (los diputados), conforme a la Constitución Política del Estado (CPE), quienes consideren el procesamiento para estas personas…”.

La denuncia, que generó un revuelo político en el país, fue presentada contra los magistrados Gonzalo Miguel Hurtado, René Yván Espada, Karem Lorena Gallardo, Isidora Jiménez Castro y Julia Elizabeth Cornejo. Sostiene que, al emitir el Auto Constitucional 049/2023 y continuar en funciones, incurrieron en los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución (artículo 153 del Código Penal) y usurpación de funciones (artículo 163), afectando el orden constitucional y los intereses del Estado.

ESPERAR

Roger Mariaca

Fiscal General del Estado

…allá ya ellos si el pleno de la Asamblea Legislativa, o las comisiones, o la cámara correspondiente, envía un informe, luego de haber sido procesado conforme constitucionalmente se puede conocer, al Ministerio Público, es otro el decir. Es decir, tenemos que esperar los procedimientos…”.