Identifican 5 casos emblemáticos de violaciones a DDHH en 20 años

Al cierre de casi 20 años de gestión del Movimiento Al Socialismo (MAS) al frente del Gobierno, activistas identifican cinco casos emblemáticos de vulneraciones de Derechos Humanos en Bolivia.

Informes de Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la Defensoría del Pueblo y otros organismos nacionales e internacionales coinciden en que el Estado boliviano no garantizó la independencia de jueces y fiscales, afectando el derecho a un juicio justo.

Según la Defensoría, instituciones como el Órgano Judicial, el Ministerio Público y la Policía fueron las más denunciadas en los periodos gubernamentales de Evo Morales y Luis Arce.

“ABUSOS DE PODER”

Sobre el particular, el exdefensor del Pueblo Waldo Albarracín realizó para CORREO DEL SUR un balance crítico de las gestiones del MAS, desde la llegada de Morales al poder en 2006 hasta el actual gobierno de Arce, y concluyó que estuvieron caracterizadas por “abusos de poder, violaciones a los Derechos Humanos y uso político de la justicia”.

Albarracín recordó que en 2005 gran parte de la población votó con esperanza por un cambio cualitativo en la administración del Estado y que esperaba un gobierno “transparente, solidario y comprometido con los derechos de los pueblos indígenas”. 

Sin embargo, considera que el MAS se consolidó como un “régimen autoritario e intolerante”, que utilizó las instituciones públicas –incluidos la Policía, las Fuerzas Armadas y el Órgano Judicial– con fines políticos.

Albarracín identificó cinco casos que, a su juicio, reflejan las principales vulneraciones de Derechos Humanos y el debilitamiento del Estado de derecho en dichos periodos, mientras que Hernán Cabrera, exdefensor del Pueblo en Santa Cruz, hizo hincapié en uno de ellos: el de Chaparina o el caso Tipnis, con amplia repercusión internacional. Ambos coincidieron en que la Justicia y el Ministerio Público no fueron independientes.

CASO ‘LA CALANCHA’ (2007)

Waldo Albarracín recordó los hechos de violencia registrados en Sucre durante la Asamblea Constituyente, concretamente entre el 23 y el 25 de noviembre de 2007, cuando manifestantes que exigían que la Capital Plena fueron reprimidos por fuerzas policiales y murieron tres universitarios. “Esos sucesos mostraron ya un patrón de vulneración de Derechos Humanos que quedó en la impunidad”, dijo el exdefensor del Pueblo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió en 2021 una demanda contra Bolivia por las tres muertes.

CASO ‘HOTEL LAS AMÉRICAS’

El exdefensor Waldo Albarracín calificó de “crimen de lesa humanidad” las ejecuciones ocurridas en el operativo policial del 16 de abril de 2009 en el Hotel Las Américas, en Santa Cruz, donde murieron tres personas acusadas de terrorismo, a su juicio, un caso manipulado políticamente y que “hasta hoy permanece impune”.

La CIDH estableció en un informe que Mario Tadic, Elod Tóásó, Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza sufrieron torturas y violaciones a sus garantías judiciales, y que Michael Dwyer falleció debido al uso desproporcionado de la fuerza de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

CASO ‘CHAPARINA’ O ‘TIPNIS’ (2011)

La represión a indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (Tipnis) que protestaban contra la construcción de una carretera que atravesaría por su territorio fue recordada tanto por el exdefensor Waldo Albarracín como por Hernán Cabrera, exdefensor del Pueblo de Santa Cruz. “Los indígenas fueron golpeados y humillados por un gobierno que decía defenderlos. Fue una masacre que quedó sin responsables”, denunció el primero. Cabrera, por su parte, dijo que se ignoró el derecho a la consulta de los indígenas, a pesar de que el MAS era un gobierno respaldado por estas comunidades.

CASO ‘JEANINE ÁÑEZ’ (2021)

El caso de Jeanine Áñez, detenida desde 2021 hasta la actualidad, fue recordado por el exdefensor Waldo Albarracín. A su juicio, su encarcelamiento demuestra nuevamente “cómo la justicia se somete a decisiones políticas”. “En estos 20 años, Bolivia ha vivido bajo un régimen totalitario e intolerante que usó el poder para silenciar a sus críticos y encubrir la corrupción. Incluso el narcotráfico se ha movido con libertad bajo la protección del poder político”, afirmó. El caso de Marco Antonio Pumari, quien recientemente dejó Cantumarca, también está entre los considerados como de persecución política en las últimas décadas.

CASO ‘CAMACHO’ (2022)

Ya en el gobierno de Luis Arce, el exdefensor Waldo Albarracín mencionó el caso del gobernador Luis Fernando Camacho, acusado por terrorismo, cohecho y seducción de tropas tras liderar las protestas ciudadanas durante el 2019. En realidad, le abrieron varios procesos. Estuvo preso durante dos años y ocho meses. Albarracín lo calificó como “víctima de secuestro político”. “Fue detenido sin cumplir las formalidades legales, trasladado a Chonchocoro y sometido a un proceso irregular. Es un ejemplo claro del uso del sistema judicial como instrumento de represión”, señaló.

El fin de la independencia de poderes

El exdefensor del Pueblo Waldo Albarracín y el exdefensor de Santa Cruz Hernán Cabrera coincidieron en que durante los gobiernos del MAS se eliminó la independencia de poderes.

Según Albarracín, el sistema judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional  Plurinacional y hasta la Defensoría del Pueblo “fueron controlados por el Gobierno y usados para perseguir opositores”. Añadió que la Contraloría “se convirtió en cómplice de las irregularidades y actos de corrupción”.

Cabrera también criticó la falta de independencia del sistema judicial, con jueces y fiscales subordinados al Órgano Ejecutivo, así como la cooptación de dirigencias sindicales que debilitó la autonomía de las organizaciones sociales. 

Señaló además graves deficiencias en el sistema carcelario, con hacinamiento y detenciones preventivas que afectan al 80% de los internos en Santa Cruz, y alertó sobre la corrupción y la impunidad como problemas estructurales que aún persisten.

Violación de la libertad de expresión y la prensa 

El periodista y exdefensor del Pueblo de Santa Cruz Hernán Cabrera afirmó que durante los 20 años de gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) se vulneró el derecho a la libertad de expresión, particularmente en la gestión de Evo Morales. Señaló que la relación con la prensa fue tensa debido a la “presión y el hostigamiento constante” hacia los medios de comunicación y sus trabajadores.

Según Cabrera, la línea del gobierno de Morales quedó marcada desde el inicio de su primer año de gestión, cuando, en sus palabras, dijo que “los peores enemigos de mi gestión son los periodistas, porque es una prensa de la derecha, una prensa vendida”.

En ese contexto, sostuvo que se desató una serie de agresiones físicas y verbales contra periodistas, así como la apertura de procesos judiciales, cierres de medios de comunicación y presiones económicas mediante la asignación selectiva de contratos publicitarios.

“Esto marcó todo el accionar, y por eso tenemos prácticamente una prensa que yo la divido en dos: la prensa del poder y la prensa que está gestionando al poder”, expresó Cabrera.

El periodista lamentó que estas prácticas deterioraron la libertad de expresión y el derecho ciudadano a la información, configurando “una relación muy peligrosa entre el poder político y el periodismo”.

Asimismo, Cabrera manifestó su esperanza de que el nuevo gobierno establezca reglas claras y transparentes en su relación con los medios de comunicación, evitando repetir los abusos del pasado.

“Esperamos que con este nuevo gobierno hayan reglas claras en la relación entre el poder y la prensa, que no se repita lo que hemos tenido con Morales: periodistas agredidos, procesos judiciales inconclusos, violaciones a la Ley de Imprenta y presiones impositivas contra los medios”, agregó.

Finalmente, Cabrera destacó que, más allá de otros factores, las agresiones a la prensa y la corrupción fueron los dos temas que más le preocuparon, por su impacto directo en la democracia y en los derechos ciudadanos.

Yáñez: Se vulneró el debido proceso

En criterio del abogado constitucionalista chuquisaqueño Arturo Yáñez, a lo largo de los 20 años de gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS) se vulneró de manera sistemática el “debido proceso” en una gran cantidad de casos donde el poder político tenía interés directo.

Según Yáñez, estas vulneraciones no se limitaron a casos aislados, sino que abarcaron procesos emblemáticos como ‘La Calancha’ u ‘Hotel Las Américas’, entre otros.  El jurista explicó que el debido proceso es una “macrogarantía” que engloba varios derechos fundamentales, como el derecho al juez natural y al juez independiente. 

“Hacían lo que querían y llevaban a la gente de un lugar a otro para juzgarla. Incluso aprobaron un decreto supremo declarando que La Paz era la sede natural para casos de terrorismo, pretendiendo dejar sin efecto una ley”, cuestionó.

Yáñez advirtió también que durante el tiempo del MAS en el Gobierno no hubo independencia judicial ni objetividad en el Ministerio Público, lo que comprometió la imparcialidad de los procesos.

“Los fiscales cumplían órdenes del Fiscal General. Acuérdense de las épocas oscuras de Ramiro Guerrero y de Juan Lanchipa, no había un fiscal independiente ni objetivo”, finalizó.