Tras cierre del Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo expresa su preocupación por los sectores vulnerables
La Defensoría advierte vacíos institucionales y pide certidumbre sobre quién asumirá la protección de los sectores más vulnerables
Callisaya en un pasado acto. El anunciado cierre del Ministerio de Justicia generó preocupación en la Defensoría del Pueblo ya que consideró que diferentes sectores vulnerables de la sociedad que se quedarán sin una entidad rectora para la formulación de políticas públicas, coordinación interinstitucional y la provisión de servicios esenciales para el ejercicio de sus derechos humanos.
Bajo su tuición, recordó que reparticiones e instituciones cumplen funciones estratégicas para el Estado y para la protección de poblaciones en situación de vulnerabilidad, incluyendo niñas, niños y adolescentes; mujeres; personas adultas mayores; jóvenes; personas con discapacidad; así como aquellas afectadas por violencia en razón de género y generacional.
“Estas instancias constituyen pilares fundamentales para el cumplimiento de los mandatos constitucionales y de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos asumidos por el Estado boliviano”, señala un pronunciamiento.
En el Ministerio de Justicia afirmó que estaban bajo su tuición el Comité Nacional de la Persona con Discapacidad (Conalpedis), el Servicio Plurinacional de Defensa Pública (Sepdep), el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi), el Servicio Integral de Justicia Plurinacional (Sijplu), entre otras que brindan asistencia jurídica, psicológica y social gratuita a personas de recursos limitados.
Por otro lado, expresó su preocupación por la presidencia y secretarías técnicas que se encontraban a cargo de esta cartera de Estado como el Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas, el Consejo de Coordinación Sectorial por una Vejez Digna, el Consejo de Coordinación Sectorial e Intersectorial para temas de la niña, niño y adolescente, entre otros.
Todas esas instituciones, dijo que permitían un trabajo interinstitucional, “articulado y multiactor” para la promoción, ejecución y evaluación de políticas públicas vinculados con el desarrollo integral de las personas y sus derechos humanos, con base a compromisos internacionales asumidos por el Estado boliviano.
Frente a esta situación, la Defensoría del Pueblo exhortó a las autoridades del Órgano Ejecutivo a brindar certidumbre respecto a la nueva organización y estructura institucional que asumiría la tuición y administración de estas.
