La Unión Europea abrió una investigación por posibles pagos de coimas

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) abrió una investigación por el presunto desvío de fondos de la cooperación de la Unión Europea destinados al Gobierno de Bolivia. El caso está ligado a presuntos pagos de coimas de empresas a funcionarios del anterior gobierno para asegurar adjudicaciones de obras.

La investigación se centra en recursos entregados al país para programas de saneamiento y dotación de agua potable en zonas rurales, encargados al entonces Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA). Se presume que, parte de esos fondos, fueron desviados mediante contrataciones direccionadas con sobornos al exministro Juan Santos Cruz.

“Es así. La Unión Europea, a través de su instancia investigativa, la OLAF, nos envió una nota desde Bélgica, solicitando información del proceso conocido como ‘coimas millonarias’, en el cual está involucrado el exministro Juan Santos Cruz. La UE financió varios de los proyectos cuyas adjudicaciones fueron direccionadas”, informó a El Deber el abogado Abel Loma, quien defendió a una de las implicadas en el caso.

ORIGEN DEL CASO

Loma asumió la defensa de la denominada “testigo clave” Claudia Cortez, una empresaria que entre 2021 y 2023 declaró haber cobrado coimas del 3% del valor de contratos adjudicados por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, bajo el rótulo de “aportes para organizaciones sociales”.

“La primera comisión (que cobré) fue de (Bs) 2.340.000 por la obra (de alcantarillado) en Viacha. La segunda obra adjudicada está en Cochabamba. Se dividió en tres lotes, cada uno de Bs 23 millones. Calculo que, en total, recaudé para el (ex) ministro alrededor de Bs 19 millones en coimas de todas las obras que negocié”, declaró Cortez al portal Rimay Pampa en 2023.

Según Loma, quien también trabajó en otras investigaciones de alcance internacional, la OLAF debía haber hecho requerimientos similares vía Cancillería a la Fiscalía General y al propio Ministerio de Medio Ambiente y Agua antes de su cierre.

El medio escrito cruceño consultó a la Delegación de la Unión Europea en Bolivia sobre el alcance de la pesquisa. De este modo, el requerimiento periodístico fue reportado a Bruselas desde donde se emitirá una  respuesta. También se emitieron consultas a la Fiscalía y a autoridades del Gobierno.