Presentan proyecto de Ley para el funcionamiento transitorio y excepcional del TCP y TSJ
Buscan garantizar la continuidad institucional ante la falta de elecciones judiciales
El presidente de la Cámara Alta, Diego Ávila Najavas presentó al Senado un proyecto de Ley de “Funcionamiento Transitorio y Excepcional del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)”. La iniciativa busca regular de manera temporal la composición y el funcionamiento de ambos tribunales.
El proyecto de ley surge como respuesta a la imposibilidad de llevar a cabo las elecciones judiciales de 2024, lo que dejó a las máximas instancias judiciales sin la renovación democrática de sus magistrados de manera parcial.
El documento establece un régimen transitorio y excepcional para el funcionamiento del TCP y el TSJ, con el objetivo primordial de evitar un vacío de poder y asegurar la estabilidad constitucional y establece garantías para el funcionamiento del TSJ únicamente con las magistradas y los magistrados elegidos democráticamente en las Judiciales 2024.
Respecto al TCP, se establece un funcionamiento de manera única, excepcional y transitoria con loa cuatro magistrados titulares electos. Para la resolución de acciones constitucionales de defensa, el TCP se constituirá en dos salas, cada una estará presidida por un presidente e integrada por dos magistrados. Por otra parte, la Comisión de Admisión del TCP estará conformada por dos de los altos funcionarios.
Continuidad Institucional y Vigencia de Normas
El Proyecto de Ley enfatiza el principio de Continuidad Institucional, señalando que el TSJ y el TCP continuarán ejerciendo sus funciones conforme a su estructura y competencias administrativas, en el marco de la Constitución Política del Estado.
Además, establece una Disposición Transitoria Única que decreta la inaplicabilidad de todas las normas contrarias a esta ley mientras la misma se encuentre vigente, asegurando su prevalencia durante el periodo de transición.
La presentación de este proyecto de ley ahora requiere su tratamiento por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación, con miras a resolver la crisis de legitimidad y funcionamiento en el sistema judicial boliviano.