Empresarios respaldan ordenamiento económico, pero alertan impacto del alza salarial
La CEPB apoya el Decreto 5503 y el retiro de la subvención, aunque advierte riesgos para el empleo y las mipymes
El presidente de la CEPB, Giovanni Ortuño. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) expresó su respaldo a las medidas de ordenamiento estructural impulsadas por el Gobierno, al considerar que apuntan a evitar un mayor deterioro de la economía nacional. Sin embargo, manifestó su preocupación por el incremento unilateral del salario mínimo nacional en un 20%, que eleva su monto a 3.300 bolivianos.
En un pronunciamiento institucional, la entidad empresarial señaló que las decisiones asumidas buscan prevenir un agravamiento de la situación económica que, de no ser corregida, podría derivar en un escenario “inmanejable”. En ese contexto, la CEPB valoró positivamente el levantamiento de la subvención a los combustibles, al señalar que esta medida contribuirá a reducir el déficit fiscal, equilibrar las finanzas públicas y enfrentar el contrabando.
No obstante, advirtió que el incremento inmediato y homogéneo de los precios de los carburantes tendrá efectos complejos en la economía, aunque lo calificó como una medida “necesaria y urgente” frente a la coyuntura actual. Asimismo, destacó otras disposiciones contenidas en el Decreto Supremo 5503, vinculadas a la recuperación y reactivación económica, señalando que podrían sentar las bases para liberar barreras que afectan al sector empresarial y generar resultados en el mediano plazo.
En contraste, la CEPB expresó su inquietud por el aumento del salario mínimo, al advertir que la medida tendrá impactos severos en la estabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como en la generación y sostenibilidad del empleo formal en el país.
El pronunciamiento también exhorta a las organizaciones representativas de la sociedad a actuar con responsabilidad y cautela para evitar una profundización de la crisis, remarcando que la situación actual tiene responsables y que resulta inaceptable la impunidad.
Finalmente, la Confederación de Empresarios Privados sostuvo que las consecuencias de la crisis no deben recaer únicamente en la ciudadanía y pidió al sector político y a los servidores públicos dar señales claras de austeridad, prudencia y responsabilidad en la toma de decisiones.
