Rodrigo Paz cumple dos meses de gobierno en medio de conflicto por el DS 5503

Rodrigo Paz cumplió este jueves dos meses de gobierno en Bolivia con un conflicto latente por el decreto que retiró la subvención a los combustibles y que es rechazado sobre todo por sindicatos de obreros y campesinos que fueron aliados de los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS).

Tras tomar juramento el pasado 8 de noviembre, la primera medida fuerte de Paz fue el Decreto Supremo 5503 que, entre otras disposiciones, retiró el subsidio a los combustibles que rigió desde hace más de 20 años y que, según las nuevas autoridades, ya era insostenible porque suponía un fuerte gasto y dio lugar a actos de corrupción.

El decreto, emitido el 17 de diciembre, estableció precios de 6,96 bolivianos por litro de gasolina especial, 11 bolivianos para la gasolina premium y 9,80 bolivianos para el diésel, entre otros, lo que supone incrementos de 86% y del 162% respecto a los costes subvencionados de estos combustibles.

La norma es resistida por sindicatos y sectores que fueron aliados políticos de los gobiernos izquierdistas de los expresidentes Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), como la Central Obrera Boliviana (COB), las federaciones de mineros, maestros, fabriles y campesinos.

Estos sectores realizan protestas callejeras en La Paz desde el pasado 22 de diciembre y el fin de semana marcharon desde el altiplano hasta esa ciudad, sede del Gobierno y el Legislativo, para exigir al Gobierno la abrogación del decreto 5503.

La COB también instruyó el bloqueo de vías desde el martes, medida que sobre todo afecta al departamento de La Paz y es acatada por campesinos y maestros de áreas rurales.

También hay rutas cortadas en las regiones de Oruro, Potosí, Beni y Santa Cruz, según el reporte de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

Esta jornada, campesinos y cocaleros leales al expresidente Morales se unieron a las protestas con bloqueos en la región central de Cochabamba, donde incluso usaron explosivos en un cerro para hacer caer piedras sobre la carretera cerca de la localidad de Parotani.

En La Paz, los sindicatos de maestros se repartieron en distintos sectores para hacer bloqueos callejeros e impedir el paso hacia la ciudad vecina de El Alto, mientras que otro grupo marchó por el centro histórico de la sede del Gobierno.

Los sindicatos también cuestionan el decreto porque consideran que abre la posibilidad de la venta de los recursos naturales y las empresas estatales de Bolivia a capitales extranjeros, algo que el Gobierno negó.

La viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, dijo a los medios que se prevé hacer "modificaciones en forma" de 35 artículos del decreto y que se mantendrá el retiro de la subvención.

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) calcula que se pierden 60 millones de dólares por cada día de bloqueo de carreteras, ante lo cual Barrientos manifestó que los sectores movilizados "tienen todo el derecho de protestar", pero no de "violentar" ni de "bloquear el trabajo de otros bolivianos".

Las protestas también son respaldadas por el vicepresidente del país, el expolicía Edmand Lara, quien mantiene una relación tensa con Paz y en diciembre se declaró en "oposición constructiva".