Sucre: Instituciones sellan acuerdo para no obstruir las subnacionales

Las autoridades de los órganos Electoral y Judicial, además del Ministerio Público, firmaron este jueves, en Sucre, un acuerdo para darle certidumbre a las elecciones subnacionales del 22 de marzo y evitar cualquier acción que interrumpa este proceso.

Además, en el marco de sus competencias, se comprometieron a garantizar el ejercicio de los derechos políticos de los candidatos, de los votantes y de las organizaciones políticas, respetando los principios de legalidad y preclusión.

En la denominada ‘Reunión Interinstitucional de Coordinación Electoral de las Elecciones Subnacionales 2026’ participaron los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Tribunal Agroambiental, consejeros de la Magistratura y el fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales en representación del fiscal general Roger Mariaca. Ellos firmaron un documento en ese sentido.

Al término del encuentro, el presidente del TSE, Gustavo Ávila, dio lectura a las conclusiones, reflejadas en 11 puntos y en las que se garantizan el proceso electoral y los principios y obligaciones constitucionales de los órganos del Estado, así como los derechos de candidatos, fuerzas políticas y electores.

También destacan los compromisos de coordinación y cooperación para la capacitación funcionarios electorales y judiciales sobre el proceso en marcha, la fiscalización de las acciones de jueces y vocales y la atención de denuncias.

Finalmente, según el “Acuerdo Interinstitucional para el Fortalecimiento Democrático”, se exhorta a las Asambleas Legislativas Departamentales a concluir el proceso de designación de vocales de los Tribunales Electorales Departamentales de Chuquisaca, La Paz, Oruro y Potosí.

El Ministerio Público prometió atender de forma prioritaria las denuncias relacionadas con delitos electorales, procurando asumir las decisiones oportunas para evitar que se consuman los hechos denunciados o, en su caso, se emitan las imputaciones o acusaciones que correspondan para sancionar a los infractores.

NO DISTORSIÓN

Ávila remarcó que el objetivo central de este acuerdo es impedir que acciones judiciales, recursos constitucionales o disputas políticas paralicen o distorsionen el proceso electoral en curso.

“La ciudadanía espera de nosotros certezas, no conflictos; seguridad jurídica, no contradicciones, y decisiones que resguarden el interés general por encima de intereses políticos o de un grupo. Estas certezas se materializan en uno de los pilares fundamentales que exhortamos a resguardar: el principio de preclusión. Este principio garantiza la seguridad jurídica y la estabilidad del proceso electoral. Sin preclusión no existen reglas claras y sin reglas claras no hay igualdad ni confianza en el proceso electoral; defender este principio es defender la democracia misma”, enfatizó.

REUNIÓN CON TCP

Los vocales del TSE se reunieron también con los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), igualmente, para garantizar las elecciones subnacionales. “La finalidad siempre será proteger la democracia, defender el proceso electoral, los derechos políticos que existen”, dijo el presidente Gustavo Ávila.

Justicia promete no afectar el proceso electoral

A nombre del Órgano Judicial, el presidente del TSJ, Romer Saucedo, expresó la posición de las instituciones judiciales de no permitir que se utilice la justicia para afectar las atribuciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“Nosotros hemos visto, en base a las elecciones pasadas, que se ha tratado de instrumentalizar la justicia para frenar las elecciones, suspender o cualquier otra alteración del calendario electoral. Nos comprometemos a garantizar que no se afecte en el desarrollo del calendario electoral el respeto de las atribuciones propias que tiene cada órgano del Estado”, dijo.

En la misma línea, el presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer, señaló que las acciones constitucionales presentadas en el marco del proceso electoral “corresponden a decisiones de carácter personal de quienes las promueven”, y remarcó que la responsabilidad por emitir resoluciones recae en la autoridad jurisdiccional competente.