Plantean referéndum para aprobar ‘Ley Antibloqueos’

El diputado de la Alianza Unidad Carlos Alarcón planteó este martes someter la futura “Ley Antibloqueos” a un referéndum nacional antes de su promulgación por el Ejecutivo. Según el legislador, esta consulta serviría como mecanismo de “última ratio” para que la ciudadanía decida mediante el voto la aceptación o rechazo de la norma.

Alarcón explicó que la medida busca evitar la paralización del trámite legislativo. “Aprobada la ley en la Asamblea, se podría convocar a un referéndum. Si gana el voto de aceptación, esto tendría efecto vinculante y el Presidente tendría que promulgarla”, explicó. El parlamentario estimó que la consulta podría realizarse entre junio y agosto de la presente gestión.

La Asamblea Legislativa Plurinacional analiza al menos cinco propuestas para tipificar el bloqueo de caminos como delito, una figura que actualmente no conlleva de manera específica sanción penal en Bolivia. El principal proyecto, impulsado por Alarcón, establece penas de cárcel desde tres años hasta una sumatoria de 30 años en casos donde se emplee dinamita o violencia extrema en áreas urbanas o rurales. 

Otra de las iniciativas, la de la senadora Claudia Mallón ( APB-Súmate), propone modificar el Código Penal para fijar condenas de ocho a diez años por atentados contra la seguridad de los medios de transporte.

Al respecto, el diputado Rafael López, de la Alianza Libre, advirtió que su bancada no respaldará la norma, según publicó la agencia ANF. “Vemos que se está queriendo hacer meter la pata nuevamente (...) No vamos a apoyar una ‘ley garrote’ para darle más potestad a la Policía para el tema de la represión”, afirmó López, quien alertó sobre posibles movilizaciones si no existe consenso social previo.

Desde la bancada del PDC, el diputado Manolo Rojas cuestionó la postura de Libre y defendió la norma. Rojas aseguró que el proyecto 094/2025-2026 ya pasó por el Senado y estimó que en un plazo aproximado de diez días el país podría contar con la nueva ley. “El consenso debe darse dentro de la Cámara. La socialización, posterior a la norma, debe darse ante las bases respectivas”, sostuvo, según ANF.

El Gobierno del presidente Rodrigo Paz, por su parte, manifestó el lunes su respaldo al tratamiento legislativo. El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, señaló que el Ejecutivo acompaña la iniciativa para garantizar el derecho a la libre circulación y al trabajo, pero sin desconocer el derecho a la protesta. 

Por su parte, el presidente del Senado, Diego Ávila, anunció que convocará a las organizaciones sociales para socializar el contenido del proyecto una vez que las comisiones emitan sus informes.

La Central Obrera Boliviana (COB), que rechazó recientemente la “criminalización” de la protesta en un comunicado, prevé convocar a un ampliado nacional la próxima semana para tratar el asunto y asumir una postura.