Comisión posterga el debate de la ley contra bloqueos

La Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados decidió este miércoles postergar el tratamiento del proyecto de ley antibloqueos hasta la primera semana de febrero, con el objetivo de abrir un proceso de socialización con organizaciones que cuestionaron su contenido y con actores vinculados al ámbito productivo.

La senadora Claudia Mallón, de APB-Súmate, impulsora de una de las propuestas normativas, aclaró que la iniciativa no busca vulnerar derechos fundamentales, sino frenar los bloqueos que afectan a la economía nacional. “Este proyecto de ley no permite criminalizar o cercenar el derecho a la protesta, pero nunca más los bloqueos en Bolivia”, enfatizó.

Mallón explicó que la intención es proteger a los diferentes actores económicos que se ven perjudicados por estas medidas de presión, garantizando al mismo tiempo el respeto a la manifestación pacífica como un derecho ciudadano.

En ese marco, la legisladora cuestionó la postura asumida por la Central Obrera Boliviana (COB), que rechaza la propuesta. Afirmó que su posición es “de confrontación, de amenaza, que no nos permite avanzar” y llamó a respetar la independencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional en la toma de decisiones.

Asimismo, informó que se conformó una comisión especial encargada de analizar el proyecto normativo y recoger observaciones de los distintos sectores, con miras a construir un consenso antes de retomar su tratamiento en el Legislativo.

DOS PROYECTOS

Se trata del “Proyecto de ley contra el bloqueo, desabastecimiento, zozobra y de protección a la protesta social lícita y pacífica” y el “proyecto de ley antibloqueos”, las dos propuestas que llegaron a la comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados que fueron considerados este miércoles.

Un día antes, el presidente de la Comisión de Justicia, Manolo Rojas (PDC) adelantó que darán agilidad a estos anteproyectos. Mientras las organizaciones sociales que rechazan estas propuestas ya adelantaron una nueva movilización.

En cambio el anteproyecto “antibloqueos” plantea el uso de armas a los efectivos policiales o militares que acudan a un desbloqueo y señala específicamente que no se generarán responsabilidades penales por esas acciones.

ABROGADO

En 2019 la presión internacional logró que la entonces presidenta, Jeanine Áñez, abrogue el decreto 4078 que autorizó la intervención militar con armas de fuego lo que habría ocasionado muertes en Sacaba y Senkata.