Sucre: COB arremete contra los proyectos de ley antibloqueos
También exige eliminar renta vitalicia de los exmandatarios, entre otras demandas
DETERMINACIONES. El encuentro se desarrolló en el Auditorio de la Villa Bolivariana. Foto: Correo del Sur La Central Obrera Boliviana (COB), en el ampliado que tuvo este miércoles en Sucre, ratificó su estado de emergencia y pidió la anulación de los anteproyectos de ley que penalizan los bloqueos, además de declarar ‘enemigos’ a los parlamentarios que los impulsan. También exigió la eliminación de la renta vitalicia para exmandatarios y la reducción de los salarios de legisladores y altos cargos políticos.
“Ha sido contundente y claro el ampliado nacional. Estamos en estado de emergencia. Si surge cualquier anormalidad o decreto atentatorio que afecte los derechos constitucionales y la economía magra del pueblo, se deben tomar medidas”, dijo Mario Argollo, ejecutivo de la COB, al calificar de “nefasto, antiobrero y anticonstitucional” el proyecto de ley que penaliza los bloqueos.
Sobre la eliminación de la renta vitalicia y la reducción de salarios de legisladores y altos cargos políticos indicó que “si vamos a compartir la crisis, lo haremos todos. Pedimos eliminar la renta vitalicia porque no vinimos a servirnos del pueblo, sino a servir al pueblo boliviano”
OTRAS DEMANDAS
Limber Onofre, secretario de Conflictos, dio lectura a otros acuerdos, entre ellos el apoyo moral al Comité Ejecutivo Nacional y la reposición del aumento salarial perdido por la pérdida del poder adquisitivo.
La organización rechazó cualquier intento de descentralizar la educación y la salud, argumentando que vulneran derechos fundamentales y la responsabilidad histórica del Estado, según los artículos 37 y 77 de la Constitución.
La COB solicitó además el retorno inmediato a la Ley General del Trabajo para los trabajadores municipales y el respeto al artículo 56 de la Constitución, que garantiza la propiedad privada individual y colectiva. En este marco, exigió la destitución inmediata de la jefatura de Trabajo de Cochabamba por supuesta falta de relaciones humanas con la clase trabajadora y demandó respeto a la reserva Tariquía.
Como parte de su agenda política, la organización anunció la realización de un ampliado de integración nacional para fortalecer el documento “Bolivia no se vende” y proyectar una representación política obrero-campesina, reafirmando su postura de rechazo a políticas que afecten los derechos laborales y sociales del país.
Finalmente, demandó sancionar a autoridades que no cumplen sus promesas y suprimir todos los beneficios y comodidades que gozan los parlamentarios.
