Cámara Baja defiende su derecho a interpelar máximas autoridades
En el Senado, la oposición denunció que la Presidencia rechazó varias solicitudes
DIPUTADOS. La sesión de este jueves, en la que se aprobó la resolución que reivindica la interpelación. Foto: Diputados En un intento por reafirmar su rol fiscalizador, la Cámara de Diputados aprobó este jueves una resolución camaral que obliga a las máximas autoridades de instituciones públicas a asistir a las interpelaciones convocadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). En el Senado, mientras tanto, la oposición denunció que la Presidencia rechazó las solicitudes de interpelación de tres ministros de Estado.
La resolución de la Cámara Baja, aprobada por unanimidad, establece que las autoridades deben cumplir de manera “inexcusable” con las peticiones de informe y las interpelaciones, salvo en situaciones de fuerza mayor.
El documento, que será remitido al Tribunal Constitucional, al Órgano Ejecutivo y otras instancias, advierte con iniciar procesos en caso de incumplimiento, según confirmó el presidente de la Cámara, Roberto Castro. Esta acción se produjo una semana después de que se suspendiera la interpelación al ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli.
Por su parte, la bancada de de la Alianza en el Senado denunció que la Presidencia de la Cámara Alta devolvió las solicitudes para interpelar a los ministros de Defensa, Obras Públicas y Economía por el caso de un accidente aéreo en El Alto.
La jefa de bancada, Tomasa Yarhui, afirmó que el presidente del Senado, Diego Dávila, rechazó ilegalmente el acto, con el argumento de que la interpelación busca la remoción de las autoridades y no el cuestionamiento a una política de gobierno. “Simplemente estamos pidiendo que cumpla la normativa. Lo que tiene que hacer es mandar al Presidente Nato del Congreso y este tiene que llamar a la Asamblea para instalar la interpelación correspondiente”, dijo Yarhui.
El senador José Sánchez, por su parte, aseguró que el rechazo vulnera los derechos constitucionales de los legisladores. Aclaró que la bancada sí está observando una política de Estado, relacionada con el supuesto traslado de 1.000 millones de bolivianos en billetes de Bs 100 y Bs 200 en la aeronave siniestrada, y cuyo destino se desconoce.
Este conflicto tiene que ver con la suspensión de la facultad fiscalizadora del Legislativo, originada por una medida cautelar emitida por un vocal de La Paz, tras la presentación de un recurso por parte de un grupo de ministros del gobierno de Luis Arce. Dicho fallo aún está pendiente de sorteo y revisión en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
La última interpelación efectiva ocurrió el 27 de junio de 2023, cuando la Asamblea censuró al entonces ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, quien luego fue restituido por Arce. Desde entonces, la medida cautelar benefició a varias autoridades del Ejecutivo, cuyos actos de fiscalización quedaron en suspenso.
