TSE anuncia que irá por una nueva ley electoral

Las subnacionales de 2026 fueron las últimas elecciones celebradas bajo la actual norma electoral. El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, anunció que presentará un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para actualizar esta norma vigente desde hace 16 años.

“Como máximo tribunal de justicia electoral, nos corresponde siempre acatar la ley; por ello, hoy asumimos un compromiso con Bolivia de impulsar una reforma de normativa electoral que modernice las reglas, que las haga más claras, más justas y más acordes a la dinámica democrática actual”, afirmó, durante la inauguración de la votación en La Paz.

En esa línea, sostuvo que la actual Ley Electoral requiere ajustes, debido a que fue aprobada en 2010 y se encuentra “rezagada” frente a la evolución del sistema electoral y la democracia en el país. Añadió que la norma replica en gran medida el antiguo Código Electoral, lo que –según indicó– genera vacíos y conflictos, como las demandas de inhabilitación a 72 horas de la votación y los procesos de sustitución de candidatos por parte de las organizaciones políticas.

Esta postura se suma a otros pronunciamientos registrados en la última semana. El vocal Carlos Goitia también consideró que los comicios subnacionales de este domingo deberían ser los últimos bajo la normativa vigente, que –según su criterio– responde a un contexto político anterior.

“Eso es lo que hay que cambiar. Esta debe ser la última elección que llevemos a cabo con esas leyes hechas a medida de Evo Morales”, manifestó.

El presidente del TSE adelantó que la iniciativa se traducirá en un proyecto de ley modificatoria que será presentado ante la Asamblea Legislativa Plurinacional una vez concluido el proceso electoral, incluida la entrega de credenciales a las autoridades electas.

SUMA RESPALDO

La iniciativa del TSE y del vocal Goitia recibió el respaldo del defensor del Pueblo, Pedro Calisaya, quien advirtió que la inhabilitación extemporánea de candidatos, fuera de los plazos establecidos por la norma, afecta tanto a los postulantes como a la ciudadanía. Según explicó, estas decisiones responden a demandas tramitadas en la vía judicial que son admitidas, lo que genera incertidumbre en el proceso electoral.

Señaló que estas determinaciones inciden directamente en los electores que ya definieron una preferencia política, al alterar las condiciones de la competencia electoral.

“La democracia requiere condiciones de estabilidad, previsibilidad y confianza para su adecuado funcionamiento”, sostuvo, al tiempo de instar a fortalecer estos principios en los procesos electorales.

Finalmente, remarcó que tanto la ALP como el OEP tienen la responsabilidad de garantizar procesos transparentes, promover la participación ciudadana y consolidar la confianza pública.