OEA: Las inhabilitaciones tardías generan confusión

La resoluciones de inhabilitación de candidaturas sin la “suficiente antelación” marcó la etapa preelectoral de las elecciones subnacionales de 2026 en Bolivia, lo que generó incertidumbre entre los candidatos y confusión en la ciudadanía hasta la víspera de la votación. Esta es una de las principales conclusiones del primer informe de la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El informe de la MOE subraya que los plazos legales llevaron a que, a menos de una semana de los comicios, algunos candidatos no tuvieran claridad sobre su participación. Esto no solo perjudicó a los aspirantes, sino también a la ciudadanía, que debió “esperar prácticamente hasta el día de la elección para conocer qué postulantes efectivamente competirán”. 

Según la OEA, esta práctica impacta directamente en la organización electoral, ya que puede ocurrir que las papeletas impresas no reflejen la oferta definitiva, lo que “no solo dificulta los procedimientos de escrutinio y cómputo de votos, sino que genera confusión entre las y los electores”.

Un ejemplo citado por la misión fue el de El Alto, donde dos candidatos a alcalde inhabilitados en la última semana recibieron votos que tuvieron que ser anulados. En esa elección, los votos nulos alcanzaron el 24%, un porcentaje superior al apoyo de cualquiera de los contendientes.

El organismo observó la masiva cantidad de inhabilitaciones iniciales: de 34.630 candidaturas inscritas, los Tribunales Electorales Departamentales (TED) inhabilitaron a 26.010, es decir, el 75%. La OEA atribuye esta cifra, en parte, a que los TED tuvieron “un plazo muy acotado, de apenas siete días” , para revisar un volumen enorme de postulaciones y a que el calendario no contempla una etapa para subsanar errores menores. No obstante, también se apunta a la responsabilidad de los partidos, evidenciando “la debilidad de los controles internos y los procesos de verificación de documentación al interior de las organizaciones políticas”.

Además, la misión expresó su “especial preocupación” por la cancelación de la personería jurídica de al menos cinco organizaciones políticas en pleno proceso electoral, cuando las causas respondían a “cuestiones vinculadas a procesos electorales anteriores”. Varios actores políticos consultados por la OEA consideraron “desproporcionada” la decisión de inhabilitar a todas las candidaturas presentadas en alianza con las agrupaciones sancionadas, y señalaron que se debió optar por “una resolución menos restrictiva y más favorable para los derechos políticos de los postulantes”.

Entre sus recomendaciones, la OEA urge a establecer normas claras para que las inhabilitaciones concluyan antes de la impresión de papeletas y a revisar los plazos para la cancelación de personerías jurídicas, evitando que su resolución definitiva ocurra en medio de una elección.

Finalmente, el informe critica que en el ámbito subnacional no exista financiamiento público, una circunstancia que “genera inequidades en el proceso electoral, al favorecer la visibilidad de partidos y agrupaciones con mayor capacidad para captar recursos” .