Consejo de la Magistratura rechaza traslado de Derechos Reales al Ejecutivo y alerta riesgos jurídicos

La Sala Plena del Consejo de la Magistratura manifestó su rechazo al Proyecto de Ley N° 294/2025-2026, que propone transferir el Registro de Derechos Reales (DDRR) al Órgano Ejecutivo, al advertir que esta medida podría comprometer la seguridad jurídica sobre la propiedad en Bolivia.

Pese a su postura crítica, la institución señaló su disposición a participar en un análisis técnico, constitucional e interinstitucional que permita evaluar los alcances de la iniciativa.

El proyecto fue presentado por la diputada del PDC, Claudia Bilbao, como respuesta a reiteradas denuncias ciudadanas sobre irregularidades y deficiencias en la atención dentro del sistema registral. Uno de los casos que motivó la propuesta se registra en la ciudad de El Alto, donde la registradora interina Leonor Vera Condori enfrenta procesos penales y disciplinarios que, según se denuncia, no han tenido avances significativos.

La legisladora sostiene que la iniciativa apunta a reformar una estructura cuestionada por su burocracia, falta de transparencia y demoras en los trámites, factores que —según afirma— afectan directamente a los usuarios del servicio.

Sin embargo, desde el Consejo de la Magistratura se advierte que trasladar DDRR al Órgano Ejecutivo podría someter el registro de la propiedad a una estructura de carácter político, debilitando la confianza en el sistema y abriendo la posibilidad de injerencias en un ámbito vinculado a derechos fundamentales.

En ese sentido, la entidad remarcó que el Registro de Derechos Reales cumple una función esencial en la garantía de la propiedad privada, al otorgar certeza jurídica, publicidad y estabilidad a las relaciones económicas. Por ello, defiende su permanencia bajo la tuición del Órgano Judicial como garantía de independencia e imparcialidad.

Entre las principales observaciones, el Consejo también alertó que el proyecto podría entrar en contradicción con principios constitucionales como la separación de órganos del Estado, al concentrar atribuciones en el Ejecutivo. Asimismo, expresó preocupación por el manejo de información sensible, señalando que la transferencia de bases de datos y archivos podría exponer datos patrimoniales sin suficientes resguardos.

No obstante, la institución reconoció que el sistema actual enfrenta limitaciones estructurales, como la falta de modernización tecnológica, retrasos en la atención y problemas de interoperabilidad con otras entidades. En ese marco, planteó que la solución pasa por una reforma interna que priorice la digitalización, la transparencia y la profesionalización del personal, sin alterar la dependencia institucional de DDRR.

El debate, de esta manera, queda abierto entre quienes impulsan cambios de fondo para corregir falencias y quienes advierten sobre los riesgos de modificar el equilibrio institucional. Mientras tanto, el Consejo de la Magistratura exhortó a la Asamblea Legislativa a promover un análisis amplio, con participación de todos los actores involucrados, antes de asumir una decisión definitiva.